El hasta hoy delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. A Serafín Castellano se le acusa, junto a otros 8 detenidos, de formar parte de una red de corrupción en las concesiones de contratos públicos. Ha llegado esposado al Juzgado de Sagunto para declarar ante el juez. Tras conocer su detención ha sido apartado de su cargo y del Partido Popular.
Serafín Castellano, ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial al ser detenido en una causa abierta por presuntos favores a una empresa, Avialsa, a la que se adjudicaron contratos para la extinción de incendios cuando era conseller de Gobernación y con cuyo presidente coincidió en cacerías.
Tras ser arrestado a primera hora de la mañana de este viernes en una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción, Castellano ha pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, cuya juez le ha dejado en libertad provisional, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Castellano deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado y la causa sigue secreta, han indicado las mismas fuentes.
POR PRESUNTOS FAVORES EN LA CONCESIÓN DE CONTRATOS DURANTE SU ETAPA COMO CONSEJERO
La detención se ha producido en el marco de la operación relacionada con la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa --empresa adjudicataria de dichos contratos-- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano --quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV-- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito.
En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
REGISTROS
Los agentes han desplegado una operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción, en la que se están practicando diferentes registros tanto en la vivienda de Castellano como en la sede de la conselleria, han informado fuentes conocedoras de la investigación.
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contratos- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, según han indicado las mismas fuentes. En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones --se apunta en la denuncia-- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.
A LA LUZ, EN 2013
No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.
Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.
Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.
También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado "conforme a la ley y a los procedimientos de contratación".
CESE INMEDIATO
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cese del delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellano, detenido este viernes por la Policía acusado por corrupción en la concesión de contratos públicos durante su etapa como consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana.
La 'número dos' del Ejecutivo ha anunciado que se toma esta decisión "tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial". El sustituto deberá superar un informe de idoneidad para el puesto y cuando este esté concluido, será nombrado, ha explicado. Sáenz de Santamaría ha señalado que este requisito es obligatorio tras la entrada en vigor de la ley del alto cargo, una de las normas del paquete de regeneración democrática presentado por el Gobierno.
No obstante, ha recordado que las irregularidades en el patrimonio las investigan los jueces y cuando decretan alguna medida, es cuando el Gobierno pasa a tener conocimiento.
"No se puede sustituir la labor judicial en estos casos. Una vez conocida la investigación, se ha producido el cese inmediato. Es como se tiene que actuar y así lo hemos hecho", ha apuntado Sáenz de Santamaría.
