Llach: "La Generalitat sancionará a los funcionarios que incumplan las leyes de ruptura"

  • "El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien"
  • Obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña
Puigdemont y Junqueras firman el compromiso  de "todo" el Govern con el referéndum
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha reafirmado hoy en "preparar, convocar y celebrar" un referéndum, "querido por la inmensa mayoría de catalanes", frente a las "amenazas e intentos de limitación de la capacidad de autogobierno" que aplica, a su juicio, el Estado contra Cataluña. |Telemadrid

El diputado de JxSí en el Parlamento catalán Lluís Llach ha afirmado que el Gobierno catalán sancionará a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en la cámara, según ha dicho en conferencias públicas los últimos tres meses.

Según los videos que ha publicado 'El País' y recoge Europa Press, Llach destaca que la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña.

"El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios", dijo en un acto organizado en marzo por Êmnium Cultural en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

En otra charla ratificó la misma idea al sostener que las leyes que deberán seguirse, una vez se dé luz verde a dicha norma, serán las catalanas, por lo que los funcionarios deberán obedecerlas: "En todo caso, los funcionarios deberán preguntarse: 'Y si no obedezco esta ley catalana, ¡ostras! ¿qué pasará?"

Cinco días después de la renuncia a finales de enero del exsenador de ERC Santi Vidal por decir en conferencias que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, Llach insistió, en un encuentro organizado por la ANC, en que "el día en que haya ley de transitoriedad jurídica, el que no crea en ella, será sancionado", sea un ayuntamiento, un funcionario o un mosso.

"Existe la posibilidad de que alcancemos la independencia y, por tanto, la gente deberá pensar seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan seriamente, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en funcionamiento, los que no respondan a la legalidad catalana podrán ser sancionados por el Estado catalán", subrayó.

También apuntó en diversas conferencias que la Consejería de Economía está preparada para sancionar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales: "Nuestras primeras declaraciones de renta reales serían en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña será sancionado. Nada más que esto".

"El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y de los funcionarios verá qué hace y se responsabilizará de sus actos. Pero no es un tema que preocupe demasiado" a la Consejería de Economía, sostuvo.

EL GOVERN CATALÁNEVITA VALORAR LAS PALABRAS DE LLACH

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha evitado este martes valorar que el diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach hablara de sancionar a los trabajadores públicos que incumplan leyes de 'desconexión', y se ha limitado a afirmar que la Generalitat garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que 'El País' haya publicado un vídeo de un acto de marzo organizado por Êmnium Cultural en que Llach decía que se "sancionará" a los que incumplan estas leyes.

Munté no ha aclarado si contemplan estas sanciones, alegando que ella forma parte del Govern y no del Parlament; ha prometido que las leyes de 'desconexión' supondrán pasar de una legalidad española a una catalana sin vacíos legales, y ha añadido: "Las leyes nos obligan a todos".

El Parlament impulsa a través de JxSí y la CUP las conocidas como tres leyes de 'desconexión', una de las cuales -la de transitoriedad jurídica- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.

Munté ha reivindicado que esta ley de transitoriedad pretende dar "seguridad jurídica al proceso" soberanista y que esto incluye a todos los ciudadanos, también los funcionarios de la administración catalana. "La voluntad del Govern de la Generalitat es que el tránsito de ley a ley se haga de la mejor manera posible", según Munté, que ha asegurado que el proceso soberanista es político y la responsabilidad recae plenamente en los políticos, no en los trabajadores públicos.

"Munté ha lamentado que demasiado a menudo "los servidores públicos han estado en el punto de mira", y ha querido hacerles llegar un mensaje de tranquilidad asegurando que el proceso soberanista se hará bien y con garantías. "Le puedo garantizar que por parte del Govern se harán las cosas dentro de la legalidad, con garantía jurídica a los ciudadanos y los funcionarios", ha añadido Munté, que lamenta el ruido que siempre hay en torno a los servidores públicos y el proceso soberanista.