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El exconcejal del PP del Ayuntamiento de Madrid y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo ha destacado este jueves en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que su papel en la contratación de actos durante su etapa en la administración regional era "residual" y ha subrayado que nunca dio instrucciones de ningún tipo en esta materia a ningún funcionario.

López Viejo, para quien la Fiscalía pide 46 años de prisión, ha continuado en la misma línea que en la jornada de este miércoles en la que se desvinculó por completo del fraccionamiento de facturas por parte de la Comunidad de Madrid de los actos contratados con las empresas de Correa. El exmandatario 'popular' ha insistido en que él sólo encargó actos que dependían de la Consejería de Presidencia, después de que la fiscal Concepción Nicolás le mostrase varios documentos de encargos, presupuestos y facturas de varios actos realizados por la Comunidad de Madrid.

Así, ha precisado que en esta materia tenía un "papel residual" porque todos los trámites eran realizados por los secretarios generales técnicos y los interventores.

RESPONSABILIDAD A LOS TECNICOS

Después estos responsables le pasarían la documentación pertinente para mostrar su conformidad y de ahí se enviaría al órgano de contratación, que es el competente de revisar, fiscalizar y decidir pagar y cómo dichas facturas, ha explicado. "Ni me ocupaba, ni me preocupaba por los temas de contratación, quien tenía que velar por la legalidad de éstos eran los secretarios generales técnicos y los interventores" de cada Consejería, ha añadido. La representante del Ministerio Público le ha inquirido si alguna vez ha intercedido por alguna empresa para facilitar el pago de los actos o si ha dado orden a algún funcionario, lo que López Viejo ha negado tajantemente.

En este sentido, ha afirmado que no le "extrañaría" que si había alguna demora en el pago de factura de eventos encargados por su departamento, las empresas proveedoras se pusiesen en contacto con su secretaria, con el que fuera su asesor Pedro Rodríguez Pendás --también acusado en su causa y al que ha tildado como un mero "mandado"-- o con él mismo para "aclarar" el asunto.

LAMENTA IMAGEN POR RETRASOS EN PAGOS

Tras mostrar en la sala una carta escrita por la encargada de facturar en las empresas de Correa, Alicia Mínguez, dirigida al exviceconsjero madrileño quejándose de que las distintas consejerías no querían responsabilizarse de los pagos, López Viejo --que ha precisado que este documento debía ser un borrador porque nunca lo recibió-- ha lamentado "profundamente" la imagen que se ha dado, que no es, a su juicio, "un ejemplo ni un modelo a seguir bajo ningún concepto".

No obstante, ha subrayado que sí que se puede comprobar con "todo lujo de detalle" que las facturas iban "a donde tenían que ir, a cada una de las consejerías".

Ante esto, ha recordado que por circunstancias similares se modificó la ley de morosidad para que acortar los plazos y facilitar que las empresas proveedoras pudieran cobrar los servicios prestados. Unos minutos antes, López Viejo constataba que la Comunidad de Madrid aún tiene una "deuda viva de 200.000 euros" de facturas impagadas.

Entre muchas de las facturas que han sido mostradas en la sala de vistas, el Ministerio Público ha exhibido las relativas al acto homenaje por los atentados del 11 de marzo de 2004. Preguntado por qué se troceó la organización de este evento en 14 facturas, todas ellas con importe menor a 12.000 euros --la ley fija que si el precio de la organización del acto es menor a este importe no tiene que someterse a concurso público--, el acusado ha respondido que se haría así porque el órgano de contratación de la Consejería de Presidencia lo "consideraría oportuno".

Por otro lado, ha subrayado que nunca ha dado explicaciones en la Asamblea de Madrid, ni la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ni ningún responsable regional se las ha pedido por el tema de la contratación. Sí que ha mencionado que los grupos de la oposición tenían una cierta "preocupación" por los gastos destinados a la mejora de la imagen de Aguirre. "Gracias a esa labor intensa, importante, rigurosa y seria", Aguirre obtuvo el "mejor resultado electoral, más del 53 por ciento de los votos" que ha tenido una presidente de la Comunidad de Madrid, ha concluido.

LA CUMBRE FLAMENCA EN EL METRO DE MADRID

Otro de los actos que han salido a relucir en la sesión de este jueves ha sido el de la Cumbre Flamenca de 2005 que fue organizado por el Metro de Madrid y del que hay documentación firmada por López Viejo. Sobre esto, el exmandatario 'popular' ha dicho que era un "acto institucional" de la empresa de transportes en el que participó Aguirre y ha explicado que sólo envió una carta personal con una "especie" de memoria justificativa explicando a la nueva directora de comunicación y marketing cómo se desarrolló el evento, ya que ella no estaba en dicho cargo en el momento de la celebración.

Para dar prueba de ello, ha mostrado una foto de dicho acto y ha reprochado que ni "la Policía ni la Fiscalía" hayan comprobado esto que se puede encontrar en Google. Si dio la orden era porque la directora de comunicación no era funcionaria, sino cargo de libre disposición. Por último, preguntado por si tenía conocimiento de que el Grupo Rafael estaba vinculado a Correa, simplemente ha contestado que desconoce "las relaciones comerciales" que tenía el presunto 'cabecilla' de la red corrupta con otras empresas. Además, ha apuntado que la subcontratación en el ámbito de la organización de eventos es "muy habitual".

Finalmente, López Viejo se ha negado a contestar, igual que hiciera ayer, a las preguntas que le realizaron tanto la fiscal como el abogado del Estado sobre la cuenta que abrió en suiza junto a su esposa, alegando que se carece de autorización para ello.

Entre otras cuestiones, el abogado del Estado le ha cuestionado de dónde sacó el dinero para amortizar diversos préstamos con los que adquirió diversos inmuebles en Madrid y Calpe (Alicante). Tampoco ha aclarado por qué no informó a las autoridades suizas de su condición de cargo público.