Los socios independentistas de Sánchez no contemplan acudir a Zarzuela
Tanto Sánchez como Feijóo se han mostrado dispuestos públicamente a asumir el encargo de someterse al debate de investidura
Por su parte, Esquerra (ERC), Bildu y Junts no tienen intención de acudir al Palacio de Zarzuela para informar al Rey
Esquerra (ERC), Bildu y Junts, los partidos independentistas con los que cuenta Pedro Sánchez para superar la votación de investidura, no tienen intención de acudir al Palacio de Zarzuela para informar al Rey de sus intenciones ante una hipotética investidura del líder del PSOE, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias de estas formaciones.
El Rey tendrá que hacer frente la próxima semana a una ronda de consultas inusual para designar candidato a la investidura ya que, por primera vez en los últimos años, hay dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento: Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones del 23 de julio y con 171 votos comprometidos, y Pedro Sánchez, que se ve capaz de tejer alianzas y sumar votos suficientes para superar la votación, como ha logrado para la acerse con la mayoría e la Mesa del Congreso.
En se contexto, cobra especial relevancia la ronda de consultas, en la que el Jefe del Estado sondeará directamente a los partidos con representación parlamentaria para saber cuál es su predisposición ante la investidura de uno y otro aspirante.
El artículo 99 de la Constitución establece que, "después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".
La Carta Magna no determina que deba ser candidato el ganador de las elecciones, simplemente relata que será investido presidente quien logre la confianza del Congreso, sea en una primera votación con mayoría absoluta o en una segunda con más votos a favor que en contra.
El Congreso elige, pero el Rey propone
Por tanto, es el Congreso quien elige al nuevo presidente del Gobierno, pero es el Rey el que decide quién se someterá al debate de investidura. Hasta ahora, la decisión era sencilla y había un único candidato sobre la mesa, el más votado en los comicios, y otra cosa es que después su candidatura prosperase o no en la votación del Congreso.
Sólo un vez, en enero de 2016, el ganador de las elecciones comunicó al rey que renunciaba a ser candidato al considerar que no tenía votos suficientes: Mariano Rajoy. Ello obligó al jefe del Estado a organizar una segunda ronda de consultas y acabar dando la oportunidad a quien quedó segundo, Pedro Sánchez, que no logró ser investido.
En esta ocasión, tanto el ganador de los comicios, Alberto Núñez Feijóo, como el que asegura tener opciones de superar la votación de investidura, Pedro Sánchez, se han mostrado dispuestos públicamente a asumir el encargo de someterse al debate de investidura.
Desde el PP reivindican que Feijóo fue el ganador de los comicios del pasado 23 de julio y que ya tiene asegurado el voto de 171 diputados (PP, Vox y UPN) con opción de sumar también a la de Coalición Canaria. Según subrayan, el PSOE aún no tiene garantizado el respaldo de buena parte de sus hipotéticos aliados, y mucho menos los independentistas de ERC y Junts, ni los nacionalistas del PNV y el BNG, partidos que insisten en negarse a dar "cheques en blanco".
Pedro Sánchez, por su parte, da por "fracasado" el tándem de PP y Vox y tacha de "cábalas mágicas" los cálculos del PP. Los socialistas esgrimen como prueba la votación de la Mesa del Congreso, en la que Vox no apoyó al PP, que se quedó en solo 139 votos, y en cambio el PSOE llegó a los 178 escaños, la mayoría absoluta de la Cámara.
Sin embargo, varios de los eventuales socios del PSOE no van a informar al Rey de sus planes. Los independentistas ERC, Junts y Bildu, así como los nacionalistas del BNG, no reconocen autoridad política al jefe del Estado y, en el caso de los paridos catalanes, mantienen un boicot desde su discurso posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
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