La iniciativa legislativa popular (ILP) para implantar la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias ha recibido el apoyo para ser tramitada en el Congreso de todos los grupos parlamentarios incluido el PP, que en el último momento ha cambiado el sentido de su voto.
Todo indicaba que la toma en consideración de la ILP, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sindicatos, organizaciones vecinales y ONG, iba a ser rechazada ya que el PP había avanzado su posición contraria hace días y la había reiterado esta misma mañana.
Sin embargo, por la tarde, durante el debate en el Pleno, el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, anunciaba un cambio en su voto tras constatar con el presidente de Congreso, Jesús Posada, y los servicios jurídicos de la Cámara, que era posible agilizar los plazos parlamentarios para dar cabida a las demandas de la ILP.
Según ha explicado Alonso Posada ha planteado una alternativa que ha "disipado" las dudas que albergaba su grupo sobre el procedimiento, por lo que entienden que se dan las circunstancias para que quienes han trabajado en la ILP "vean reconocido su esfuerzo" con su voto favorable.
Al margen de cuestiones de fondo, el PP defendía que el Congreso ya está tramitando un proyecto de ley sobre el mismo tema (el de protección de deudores hipotecarios) y que la admisión de la iniciativa retrasaría un mes la aprobación de la nueva normativa.
La decisión supone un giro de 180 grados y desde el PP han negado que tenga relación con el suicidio de un matrimonio de jubilados que se ha quitado la vida en su vivienda de Cas Català (Mallorca), después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados del domicilio por impago, que se ha conocido a primera hora de la tarde.
Al conocerse el cambio en el voto del grupo popular, los aproximadamente dos centenares de personas que estaban concentradas en la puerta del Congreso para demandar la admisión de la ILP, han acogido con júbilo la noticia al grito de "Si se puede" y "La lucha es el camino".
Dentro del hemiciclo, los miembros de las asociaciones que han promovido la iniciativa popular que seguían el debate desde la tribuna de invitados han estallado también en gritos de "Sí se puede" e insultos como "sinvergüenzas" o "ladrones" tras la intervención del diputado del PP que defendía la posición de su grupo.
El presidente de la Cámara ha ordenado entonces su desalojo, varios de ellos han sido retenidos y la policía les ha tomado los datos y uno de ellos ha sido detenido.
El asunto de los desahucios ha sido protagonista en el Congreso desde el comienzo del día. Por la mañana, los promotores de la ILP denunciaban públicamente la "falta de democracia" que suponía rechazar la tramitación de una iniciativa que cuenta con el respaldo de 1.402.854 firmas, casi el triple de las necesarias, y se han reunido con el PP y el PSOE para reiterarles sus demandas.
En el ambiente flotaba también que el Pleno debatía hoy otra iniciativa legislativa popular para declarar los toros Bien de Interés Cultural, que sí era apoyada por el PP, algo que los defensores de la ILP antidesahucios consideraban un agravio comparativo.
También ha molestado entre el colectivo promotor de la ILP la propuesta de Alfonso Alonso para cambiar el nombre del proyecto de ley sobre deudores hipotecarios por el título de la ILP en reconocimiento a su esfuerzo para lograr las firmas, algo que ha sido calificado de "ofensivo" por la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau.
A pesar de la admisión a trámite de la iniciativa, previsiblemente su contenido no saldrá adelante tal y como está formulado, ya que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, no lo comparte.
La ILP apuesta por que la dación en pago de la vivienda extinga toda la deuda con la entidad financiera y pueda efectuarse de forma retroactiva y pide una paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, y no sólo de la fase de desalojo, como recoge el real decreto aprobado por el Gobierno en noviembre pasado.
Por último, pide que el afectado por un desalojo pueda continuar en su vivienda como arrendatario durante cinco años pagando una renta que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.
Estas demandas han encontrado hoy un nuevo aliado en el Consejo General de la Abogacía Española, que ha señalado que con ello se reduciría "notablemente" el número de desahucios y mejoraría el problema de la vivienda en general.
