La Comunidad de Madrid apoya el control previo del presupuesto para controlar déficit que segun el ministro de Economía, Luis de Guindos, se propone aprobar el Gobierno central en marzo. Una iniciativa que, desde Cataluña, se ve como una amenaza a su autonomía financiera.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos adelantaba este miércoles en una entrevista al diario "Financial Times", que el Gobierno de Rajoy aprobará en marzo una nueva ley que "establecerá estrictos instrumentos de control sobre los presupuestos de las comunidades autónomas". "Tendrán controles a priori. Antes de aprobar los presupuestos, necesitarán que el Gobierno central les de luz verde", dijo.
En este sentido, explicó que las dificultades de liquidez son una verdadera oportunidad para imponer condiciones y medidas con el fin de frenar el déficit de las comunidades autónomas.
Asimismo, De Guindos indicó que espera que las reformas de austeridad devuelvan a España la confianza de los mercados. "No podemos permitirnos ir a los mercados y decir que España no va a tener una campaña ortodoxa en términos de políticas fiscales y de reformas. Esto sería algo extremadamente perjudicial de la percepción de la economía española y muy perjudicial para la moneda única", apuntó el ministro.
Este jueves, la consejera de Presidencia, Regina Plañiol, afirmaba que la Comunidad de Madrid está "dispuesta a colaborar, como siempre, en la transparencia el rigor y la información" para ayudar a controlar las previsiones del déficit nacional.
Plañiol ha explicado que "controlar el déficit es uno de los principales objetivos que tiene en este momento España, ya que es importante para poder generar confianza" en todos los ámbitos y especialmente en el de los empresarios, que son los que generan empleo, ha añadido. Ha recordado que la Comunidad de Madrid "controla el déficit desde hace mucho tiempo y defiende además la transparencia de las cuentas", por lo que "todo lo que sea control, rigor y transparencia" le parecerá bien al Ejecutivo regional.
CATALUÑA LA MÁS REACIA
Por el contrario, el portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs, lo rechazaba y ha avisado que esta supervisión pone en riesgo la autonomía financiera de Cataluña. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Homs ha opinado que este control de las cuentas es "intolerable" e "inaceptable" desde el punto de vista del autogobierno: "esto es cargarse la autonomía financiera de Cataluña", ha apostillado.
Para Homs la ley que quiere impulsar el ejecutivo "vulnera las reglas del juego" establecidas en la Constitución y va "más allá" de la reforma de la Carta Magna del pasado verano, en la que se fijó un techo del déficit.
Menos crítico ha sido el conseller de Interior, Felip Puig, al señalar en declaraciones a RAC1 que hay que tomar esta medida con "normalidad": "Europa hace lo mismo tutelando la economía española. Si hay cierto desmadre en 15 de las 17 autonomías, es lógico que haya supervisión y control". No obstante, Puig ha aprovechado este anuncio del Gobierno para reafirmar que lo que necesita Cataluña es "soberanía fiscal": "podemos ser un país con mayoría de edad que puede gestionar los ingresos y recaudar impuestos".
Otra comunidad que no gobierna el PP, Andalucía, se ha mostrado cautelosa hasta conocer bien la futura norma, aunque la consejera de Hacienda, Carmen Martínez, ha asegurado que la comunidad defenderá su autonomía estatutaria.
El PP gobierna en once comunidades y las dos ciudades autónomas, y en general sus Ejecutivos aceptan la idea propuesta por de Guindos, aunque algunas reconocen tener cautelas. No es el caso de Madrid, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja, que ven con muy buenos ojos este control.
Así, el presidente de la Rioja, Pedro Sanz, ve necesaria la medida, que considera un "paso valiente" del Gobierno de Mariano Rajoy porque evitará que "la mala gestión de unos" la tengan que compartir "entre todos". Para Sanz, la autonomía "tiene un límite", y está convencido de que si no hay un control presupuestario de las comunidades "será muy difícil ordenar" las cuentas públicas.
También se siente bastante cómoda con la iniciativa Castilla-La Mancha, y la portavoz del PP, Carmen Riolobos, ha señalado que el nuevo Gobierno regional no tiene "ningún problema" en que el Ejecutivo central haga un control previo de sus cuentas, además de recordar que desde que María Dolores de Cospedal asumió el poder se han tomado medidas para ahorrar más de 2.000 millones de euros.
Valencia, una de las comunidades más endeudadas, lo ve "necesario" y cree que servirá para "concienciar" y ayudar a controlar el déficit público, ha afirmado el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar.
En Galicia, fuentes de la consellería de Hacienda han asegurado que será bueno para todas las cuentas autonómicas y redundará en una mejora de sus posibilidades de financiación. "Totalmente de acuerdo" se ha mostrado el Gobierno murciano, quien ha comprometido su "colaboración estrecha" con el Ejecutivo de Rajoy para lograr el equilibrio financiero.
La Junta de Castilla y León ha sostenido por su parte que no hay "nada que objetar" a la posibilidad de que haya un control previo de los presupuestos autonómicos por parte del Gobierno, "si es para todos lo mismo y tiene como objetivo el control del déficit", ha señalado el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez.
Con precauciones recibe esta noticia el Gobierno cántabro, y fuentes de la Consejería de Hacienda recuerdan que debe prevalecer la autonomía en la aprobación de las cuentas, aunque confían en que siga siendo así.
Más reservas ha mostrado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, quien ve "duro" que el Gobierno central pueda tener un control previo sobre las finanzas autonómicas y considera que debería negociarlo con las comunidades.
Por el contrario, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha mostrado partidario de que el Gobierno de la Nación lleve a cabo un control previo de los presupuestos autonómicos para ayudar a controlar el déficit público.
Mientras, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz (CC), ha dicho que espera que con esta medida "no se esté intentando volver a posiciones centralistas".
Hay otras comunidades que prefieren esperar a conocer al detalle esta norma para pronunciarse, como es el caso de Navarra, País Vasco Asturias, Baleares y Aragón.
