Varios de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP han expresado su intención de pedir al Gobierno una revisión del sistema de financiación autonómica y de reclamar más fondos para mantener sus servicios antes de entrar al Consejo de Política Fiscal y Financiera(CPFF).
En la reunión, que ha comenzado pasadas las 17:00 horas, el Gobierno planteará a las autonomías una regla de techo de gasto, mientras que las regiones del PP plantearán que el Estado avale sus deudas si cumplen los objetivos de déficit.
La de hoy es la primera reunión del CPFF -en la que participan la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y los consejeros de Economía- tras las elecciones autonómicas y locales del pasado 22 de mayo, con la mayoría de las Comunidades ya gobernadas por el PP.
Las autonomías del PP van a pedir, según han dicho sus consejeros, un aplazamiento del pago de la deuda con el Estado por los anticipos a cuenta de hasta diez años.
El Consejo será intenso, ya que tratará también sobre los planes de ajuste de seis comunidades que quedan por aprobar y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación autonómica de 2012, que deberán ir preferentemente a la Sanidad.
Los planes afectan a Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares.
El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Percival Manglano, ha dicho que esta Comunidad denunciará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la "asfixia" a la que el Gobierno somete a los madrileños y que reclamará 2.600 millones de euros que, según ha dicho, debe el Estado a la región.
Manglano ha hecho estas declaraciones a su entrada a la reunión del CPFF que se celebra hoy en Madrid, una convocatoria que, según ha señalado, aprovechará también para denunciar que el "mal sistema de financiación y las malas decisiones" económicas del Gobierno están haciendo que Madrid "reciba menos recursos de los que debería", unos 2.600 millones de euros según ha afirmado.
El consejero ha señalado que "le gustaría" que el Gobierno central "se diese cuenta de una vez" de que es necesario reformar el sistema económico y hacer que "refleje de manera mucho mas justa las necesidades de financiación de cada comunidad".
Ha añadido que, sobre todo, hace falta que el Estado "pague lo que debe" a las Comunidades autónomas, porque si no "muy difícilmente podrán afrontar las situaciones de necesidad que tienen".
Manglano ha indicado que acude a esta reunión a "evidenciar una vez mas el compromiso de austeridad en el gasto" de la Comunidad de Madrid y su política de "transparencia y ortodoxia financiera" que, según ha asegurado, han llevado a esta región a ser "hoy por hoy unas de las que mejor está afrontando las duras circunstancias presupuestarias en toda España".
En cuanto a si Madrid estaría dispuesta a devolver competencias para rebajar gastos, Manglano ha dicho que este no es un asunto que se vaya a tratar "necesariamente" en la reunión de hoy, pero ha recordado que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, "ha puesto sobre la mesa" varias veces su propósito de devolver la Justicia al Estado.
En cualquier caso, ha manifestado que el Gobierno de Madrid opina que este asunto debería "estar incluido en el debate político con el estado central".
La consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha comentado que le parece "muy oportuna" la propuesta del Gobierno de plantear una regla de gasto, pero ha precisado que no estarán de acuerdo con una propuesta que ponga en riesgo la prestación de servicios públicos fundamentales.
SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que el Estado puede imponer "límites presupuestarios" en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución.
Así se desprende de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria de la misma, al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña.
Ambas leyes, que fueron posteriormente modificadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaban tanto al Estado central como a las comunidades autónomas a conseguir el 'déficit cero' en sus presupuestos y a un control más estricto del gasto público.
Para el Tribunal Constitucional, la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una "orientación de política general que el Estado puede dictar", y añade que la autonomía financiera de las comunidades autónomas "no excluye la existencia de controles, incluso específicos".
Según dictamina la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto a las administraciones públicas "encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario".
EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas "la acomodación" de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.
En conclusión, determina el Constitucional, la impugnación debe ser desestimada, porque la imposición de límites de gasto a las comunidades autónomas no supone una vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña, máxime cuando el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de la comunidad condiciona el establecimiento de límites para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos por la normativa estatal y de la Unión Europea
