Malversación: en qué consiste este delito y como se castiga en la actualidad

El Código Penal (CP) vigente en España, en su capítulo VII, artículo 432 establece que la malversación es el ilícito cometido contra el patrimonio público por el funcionario o autoridad (artículo 252, administración desleal).

Está castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

El código impone la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 (apropiación indebida) sobre el patrimonio público.

Gravedad y cantidad

El CP impone penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o

b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

El artículo 433 establece que los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.

Falsear la contabilidad

El artículo 433 bis recoge que si la autoridad o funcionario público que, "de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses".

Mismas penas en el caso de facilitar a terceros información "mendaz" relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

"Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses", establece el CP.

Reducción por colaboración

Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, según el artículo 434.

Según el artículo 435, las disposiciones y penas se extienden a los supuestos de aquellas personas encargados de cualquier fondo de la Administración, particulares depositarios de efectos públicos, administradores de embargos judiciales y concursales o personas jurídicas en el ámbito de aplicación de este capítulo.

En estos casos se impondrán penas que varían según el valor del perjuicio causado, desde multas de seis meses a privación de libertad de más de cinco años.