El expresidente de Banesto Mario Conde ha defendido hoy en la Audiencia Nacional la legalidad de los 13,06 millones que repatrió a España para invertir en empresas nacionales, y ha aportado documentación que demostraría que el dinero "no tenía absolutamente nada que ver" con la entidad que dirigió.
En declaraciones a los medios, Conde, que ha comparecido ante el titular del Juzgado central de Instrucción número 1 Santiago Pedraz durante algo más de una hora, ha asegurado que con dichos documentos "se acabó el delito del blanqueo" pues "acreditan la falsedad" de todas las acusaciones vertidas contra él.
"En el año 2016 le dije al juez que era rotundamente falso que el dinero que habíamos traído a España para invertir en empresas españoles fuera ilegal", ha dicho el exbanquero, que ha recordado que entonces se comprometió a traer documentación de la que se desprendería el capital "era completamente legal".
A PETICIÓN PROPIA
Conde ha comparecido esta mañana a petición propia en el marco de la causa que le investiga junto a su entorno más cercano por supuesto alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, delitos por los que el juez Pedraz decretó en abril de 2016 su ingreso en prisión incondicional tras tomarle la que era su única declaración en sede judicial hasta hoy.
Según exponía el magistrado en su auto, existían indicios suficientes de blanqueo en cuentas corrientes controladas por Conde y su hija Alejandra, también investigada en la presente causa al igual que su hermano Mario, y su marido.
Unas sospechas avivadas por el tráfico de divisas y supuesta ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, para lo que contaban con Black Royal y Oleificio Español, empresa pantalla esta última dedicada a productos relacionados con aceite de oliva. En opinión de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dichas cuantías procederían de la responsabilidad civil de los casos Banesto y Argentia Trust que no llegó a satisfacer completamente.
Desde su puesta en libertad, en junio de 2016, las pesquisas se han centrado en analizar los flujos de capital entre países a través de comisiones rogatorias a países como el Reino Unido y Suiza, de los que procedía buena parte del dinero que habría sido repatriado por Conde para satisfacer gastos personales y su "alto tren de vida".
No obstante, los vínculos a estudiar se extienden a otros Estados de los que procedían las transferencias como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos e Italia, así como a territorios de riesgo fiscal con los que España no tiene cooperación como Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.
La declaración voluntaria de Conde se produce apenas tres meses antes de que se cumplan dos años de la llamada "operación Fénix", que se saldó con la entrada y el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del domicilio del expresidente de Banesto la mañana del 11 de abril de 2016.
