Multitudinaria concentración en Valencia en protesta por la actuación policial

Una gran marcha avanza por el centro de Valencia hacia la sede de la Delegación del Gobierno en protesta por los recortes en Educación y contra la intervención policial de los últimos días, en una convocatoria donde los libros ondeados al viento reivindican el uso de la razón frente a la violencia. Tras pasar por la plaza del Ayuntamiento y corear sus lemas frente al balcón consistorial, la manifestación que partió sobre las 16.00 horas de hoy del Instituto Lluís Vives ha pasado por las calles de Las Barcas y del Pintor Sorolla, conocidas por aglutinar la mayoría de las sedes bancarias de la capital.

Las miles de personas que se han unido a la marcha, formada tanto por estudiantes -muchos de ellos menores de edad- como por padres de alumnos, profesores, políticos y representantes sindicales, avanzan sin incidentes ante una discreta presencia policial -tres policías locales a la cabeza de la manifestación- y bajo la vigilancia aérea de un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía.

A su llegada a la sede de la Delegación del Gobierno, en plena calle de Colón, la cabeza de la marcha acaba de comenzar sus lemas contra Paula Sánchez de León y exigiendo su dimisión tras las cargas policiales de los últimos días, todo ello bajo la atenta mirada de una decena de policías nacionales situados en la entrada del edificio.

La multitudinaria protestas de hoy en respuesta a la actuación policial durante la manifestación de ayer, en que se produjeron 25 detenciones, seis de ellas de menores que ya fueron puestos ayer en libertad. Estos detenidos se suman a los 17 de la semana pasada, con lo que la cifra total de arrestados hasta la fecha asciende a 42.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional con comparecencias periódicas de los detenidos puestos a su disposición por la Policía por los incidentes de ayer. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la causa está abierta por resistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad. Doce personas de las veinticinco que fueron detenidas en la cuarta jornada de protestas estudiantiles de Valencia han pasado la noche en comisaría y permanecían esta mañana en las dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición judicial.

INTERIOR HABLA DE RADICALES Y RECONOCE QUE PUDO HABER EXCESOS

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por las cargas policiales, actuación en la que ha dicho que pudo haberse cometido algún "exceso"."Estamos en democracia parlamentaria y si consideran que tengo que comparecer lo haré con mucho gusto e incluso lo pido yo mismo una vez esté finalizada la situación", ha afirmado el ministro en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Fernández Díaz ha recordado que los estudiantes "no hicieron caso a los requerimientos verbales policiales", lo que, a su parecer, creó "una dinámica que aprovecharon unos radicales", aunque ha admitido que pudo haber algún "exceso o situación desafortunada" por parte de algún agente. "Estoy al lado de la policía pero actuaré en consecuencia si ha habido alguna actuación particular excesiva", ha añadido el ministro, quien ha prometido que estudiará la actuación policial. Para Fernández Díaz, es "evidente que al lado de estos estudiantes había radicales y violentos que fueron los que crearon los problemas de orden público".

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los incidentes ocurridos ayer entre estudiantes y policías durante la cuarta jornada de protestas estudiantiles en Valencia.

En declaraciones a RNE, Ruiz-Gallardón ha señalado que el Gobierno defenderá siempre el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación, por tratarse de derechos constitucionales.

No obstante, en el caso de los incidentes de Valencia, según el titular de Justicia, los agentes de la Policía Nacional ha sido "violentamente agredidos".

"No llevemos nuestras simpatías a los que atacan a los que hacen posible que usted y yo seamos personas libres en una nación libre", ha dicho.

LA CEP CONSIDERA IMPECABLE LA LABOR DE LA POLICIA

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha asegurado este lunes que la labor de la Unidad de Intervención Policial ha sido "impecable", desde el punto de vista del orden público y de los principios básicos de actuación que rigen el trabajo policial, y ha negado que se produjera "carga" contra los estudiantes en la primera de las concentraciones celebrada frente al Instituto de educación Secundaria Lluís Vives de Valencia.

En este sentido, la CEP ha hecho un llamamiento "a quienes, queriendo defender aquello que les parezca justo, en materia educativa o en cualquier otro ámbito, tengan claro que hay ciertos límites que no se deben traspasar. Entre ellos, el del insulto, la violencia o la negativa a seguir las indicaciones de la Policía".

"Es falso, a pesar de que reiteradamente nos quieran hacer creer que eso es así, que la Policía cargase contra los estudiantes del IES Luis Vives en la primera de las concentraciones", ha dicho la CEP en un comunicado, en el que ha añadido que la Policía "únicamente procedió a liberar la calle, levantando a los jóvenes que impedían la libre circulación de personas y vehículos".

Según la CEP, en este trabajo "y sin siquiera haber comenzado el desalojo de estas personas, los concentrados insultaron y escupieron a los policías, lanzando consignas como 'vosotros, fascistas, sois los terroristas' o 'la Policía, tortura y asesina'". "En un Estado de Derecho, ese tipo de frases tienen una clara connotación, cuando menos, injuriosa y calumniosa", ha indicado la Confederación.

EL SUP DICE QUE EL MINISTRO ES "COBARDE" POR CULPAR A LA POLICIA

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), considera que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha responsabilizado a la policía de los incidentes registrados en Valencia y califica sus palabras de "acto de cobardía política y personal" y "moralmente miserable".

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional considera además que si se han producido una mala actuación policial, lo primero que debe hacer el ministro del Interior es cesar a la máxima responsable política, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.

El SUP también ha sido muy crítico con el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, cuyas declaraciones refiriéndose a los manifestantes como el "enemigo", en un lenguaje "claramente del pasado", han venido a arrojar "más gasolina al fuego".

"Su gestión de la crisis, junto con la delegada del Gobierno ha sido un fracaso", denuncia el SUP.

SORAYA RODRIGUEZ PIDE A INTERIOR QUE DE LA CARA

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha pedido hoy a los responsables del Ministerio del Interior que "inmediatamente den la cara" y expliquen la actuación policial en las protestas estudiantiles que se han producido en Valencia. Ha precisado que el Ministerio del Interior debería "abrir una investigación para ver las circunstancias en las que se han producido los hechos y depurar responsabilidades". En este sentido, Rodríguez ha criticado que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, calificara los incidentes de "anécdota", mientras que el jefe superior de Policía, Antonio Moreno, se refiriera a los jóvenes como "enemigos". A juicio de Soraya Rodríguez, el Gobierno tiene la responsabilidad de que la situación en Valencia "cese" y se "reconduzca", y ha remarcado que el Ministerio del Interior está para garantizar el orden y para que el uso de la fuerza sea el último recurso

El grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Gobierno "regule y acote" las intervenciones policiales en las manifestaciones para evitar extralimitaciones de las fuerzas de seguridad como cree que ha ocurrido en las protestas estudiantiles de Valencia. Por ello ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a garantizar "con mayor amplitud" los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.