La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez, ha abierto una pieza separada que incluye como presuntos autores de un delito de prevaricación a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cincuenta ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Todos ellos serían, según la juez, los que crearon y pusieron en marcha el denominado "procedimiento específico" desarrollado por la Junta para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez acuerda incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico de los ERE por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación".
Los 52 cargos de la Junta habrían participado de forma activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico, con el que "se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos".
En esta pieza se incluyen, entre otros, a todos los que fueron aforados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en esta causa.