La Guardia Civil ha detenido al expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo mientras que el exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa ha sido citado a declarar como investigado en el juzgado en el marco de la operación abierta por Anticorrupción por un posible desvío de fondos públicos y privados.
Fuentes de la investigación han señalado a Efe que hay cuatro detenidos, uno de ellos José Antonio Postigo -uno de los más estrechos colaboradores de Villa cuando estaba al frente del SOMA-UGT-, y otras tres personas relacionadas con empresas.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha lanzado una operación, con registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, contra el que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años y el expresidente del Montepío de la Minería, en la que también están siendo investigados los familiares más directos de ambos.
En el operación Hulla también participan el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Fernández Villa y Postigo están siendo investigados por el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos", tanto públicos, provenientes de una subvención concedida en 2009, como privados, pertenecientes a la propia mutualidad, entre los años 2005 y 2014.
Los fondos públicos habrían sido obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al Montepío de la Minería Asturiana.
Entre las personas investigadas se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, J.M.F.F., el arquitecto M.S.F, autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores "La Minería" en Felechosa, en el concejo de Aller, y el constructor J.A.F.F., administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicho geriátrico, que supuso una inversión de 31 millones de euros.
La investigación se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que Fernández Villa regularizara 1,4 millones de euros en la última amnistía fiscal.
Ello dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que ha estado liderando un trabajo conjunto con sus Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la Unidad Central Operativa de Guardia Civil que desembocó en la presentación de una querella.
Tras la querella presentada, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoó el pasado mes de abril diligencias penales por presuntos delitos de blanqueo de capitales -vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil-, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida y contra la hacienda pública.
Todo ello, sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
