PP y PSOE de acuerdo en avanzar en la reestructuración del sistema financiero
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, subrayó en rueda de prensa la necesidad de sanear el sistema financiero para que sea solvente, pueda financiarse y con ello suministrar el crédito necesario a familias y tejido productivo. Para ello, añadió, hay que centrarse en las entidades "con problemas" y "dar salida" a sus activos inmobiliarios. Aunque el Gobierno no ha detallado su plan para Bankia, Alonso reconoció que "no se descarta que pueda recurrirse a fondos públicos", pero sólo en "situación límite" y en ningún caso "a fondo perdido".
Es un problema "tan serio", advirtió, que si no se resuelve bien estará en cuestión la financiación de la economía española y con ello la viabilidad del propio Estado del bienestar, y pidió por ello a las formaciones políticas que eviten "frases fáciles" o la "demagogia". Específicamente a los dirigentes del PSOE, les recordó que el camino de la reestructuración del sistema financiero "lo hemos recorrido juntos" y ahora deben seguir actuando "con responsabilidad".
EL PSOE PIDE EXPLICACIONES EN EL CONGRESO
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha pedidola comparecencia en el Congreso del ministro de Economía, Luis de Guindos, para informar de la situación real de Bankia y de los planes del Gobierno sobre una nueva reforma financiera que incluya la creación de los llamados "bancos malos". En rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Rodríguez ha insistido en que el PSOE está a favor de seguir avanzando en la reestructuración del sistema financiero para garantizar su saneamiento y su sostenibilidad, como fórmula para que vuelva a fluir el crédito.
Lo que no aceptarán los socialistas, ha recalcado, es que se ponga dinero público a fondo perdido para los bancos cuando el Gobierno está recortando en sanidad y educación y su presidente, Mariano Rajoy, dijo recientemente desde Colombia que no había dinero para mantener los servicios públicos. Después de lamentar que el Ejecutivo no les haya informado de nada en torno a Bankia o sobre la nueva reforma financiera que presumiblemente aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes, Rodríguez ha considerado que es "una muy mala forma de proceder" por parte del Ejecutivo no tener en cuenta al principal grupo de la oposición, que le apoyó en la anterior reestructuración.
IU EXIGE AL GOBIERNO QUE INTERVENGA BANKIA DE FORMA INMEDIATA
La Comisión Ejecutiva Federal de IU ha exigido al Gobierno que "proceda a la intervención inmediata de Bankia y a su nacionalización", y que presente en el Congreso un plan de reforma financiera "claro, transparente" y sin ayudas públicas para debatirlo con todas las fuerzas parlamentarias. Así se pone de manifiesto en la declaración de la Comisión Ejecutiva Federal de la coalición publicada este martes.
Para IU, el Gobierno debe considerar la nacionalización de Bankia como una opción a largo plazo que permita "construir un polo de banca pública al que deben incorporarse el resto de cajas", comenzando por aquellas que están ya intervenidas o cuentan con ayudas públicas. Además, la Ejecutiva Federal de IU pedirá que su grupo parlamentario solicite la comparecencia en el Congreso del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que expliquen las causas que han llevado a Bankia a esta situación.
UPYD PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE BANKIA
El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha remitido una carta a los portavoces de los demás grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid para pedir la celebración de una comisión de investigación sobre Caja Madrid como consecuencia de lo sucedido en Bankia. "Estimamos que es imprescindible hacer una comisión de investigación por las repercusiones que tiene Caja Madrid, Bankia en la Comunidad de Madrid y su economía", ha afirmado De Velasco en la Asamblea de Madrid, donde ha destacado que el "crack en Bankia" y el hecho de que "va a costar entre 5.000 y 10.000 millones de euros" son "suficientes motivos para abrir una investigación".
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