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El expresidente de Banesto Mario Conde repatrió el dinero saqueado de la entidad desde ocho países distintos desde 1999, según los investigadores, a pesar de que se declaró insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidió dinero para pagar fianzas para salir de la cárcel.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen previsto tomar declaración a Conde a última de hora de esta tarde en las dependencias de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), en las que permanece desde que anoche terminara el registro de su domicilio.

Será este miércoles cuando pase a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que dirige la operación Fénix, junto con el resto de los detenidos: sus hijos Mario y Alejandra, el abogado Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek.

Salvo Conde y sus hijos, el resto de detenidos ha prestado declaración ya ante la Guardia Civil que dejó en libertad al octavo arrestado, Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero y que está a la espera de que el juez decida si le cita a declarar.

Todos los detenidos en la operación Fénix -acusados de delitos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales- crearon un entramado de empresas en España y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto y, según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros.

En concreto, Conde, sus hijos y el resto de testaferros transfirieron a lo largo de esos años diferentes cantidades desde ocho países: Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el exbanquero empezó repatriando cantidades pequeñas a España, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros.

De acuerdo con esas fechas, cuando Conde comenzó a traer dinero a España cumplía condena por el caso Argentia Trust, una derivada del caso Banesto por el desvío de dinero a esa sociedad. Salió de prisión en agosto de 1999 y poco después la Audiencia Nacional le condenó de nuevo por el caso Banesto.

Conde tuvo que recurrir a fiadores para pagar los 500 millones de pesetas que le reclamó la Audiencia para eludir la prisión hasta la resolución del Tribunal Supremo, que no sólo confirmó la pena de diez años de prisión impuesta sino que la duplicó.

El exbanquero cumplió siete años y siete meses de cárcel por las dos condenas, pero durante ese tiempo el entramado creado siguió operando para traer a España el dinero apropiado.

Y Conde, que alegó insolvencia, no abonó las indemnizaciones millonarias que se le impusieron. Hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado que el exbanquero tiene pendiente devolver el dinero "ahora que parece que esa insolvencia no es tal".

Al margen de otras deudas, el exbanquero ocupa uno de los primeros lugares de la lista de morosos que la Agencia Tributaria publicó en diciembre de 2015, con una deuda con el fisco de 9,9 millones de euros.

Las sospechas que han derivado en su detención comenzaron a raíz de un proceso de ejecutorias abierto en la Audiencia Nacional para embargarle unas fincas.

En esa causa, se detectó que Conde tenía hipotecas sobre las fincas a nombre de otras personas, por lo que saltaron las alarmas y el Sepblac empezó a indagar su patrimonio, tras lo que emitió un informe con indicios de delito que envió a Anticorrupción.

Además, una transferencia de 600.000 euros a la Caixa hizo sospechar a la entidad del posible origen ilícito del dinero, por lo que pidió explicaciones que no le convencieron y remitió la información al servicio de prevención de blanqueo de capitales (Sepblac), han asegurado a Efe fuentes de la investigación.

Las pesquisas han permitido descubrir que Conde y sus hijos manejaban un número elevado de empresas, pero fundamentalmente utilizaban tres sociedades para blanquear el dinero, entre ellas una de cosméticos y otra de comercialización de aceite de oliva.