El juez Santiago Pedraz investigará Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, por la compra de un hotel de Canarias con dinero de origen desconocido procedente del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella de Podemos y Guanyem Barcelona contra la familia Pujol, aunque solo en lo que se refiere a Oleguer Pujol, tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción.
Pedraz ha acordado acotar la investigación a la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido por parte del querellado Oleguer Pujol y que procedía de las Islas Vírgenes.Ese dinero supuestamente se utilizó para comprar un hotel en Canarias, por un valor de ocho millones de euros, según la querella.
También investigará la participación del hijo menor de Jordi Pujol en sociedades en las que algunos de los socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda y otras sociedades en las que participa "y/o figura como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief, constituida en Países Bajos y recuerda el juez que este tipo de empresas "suelen tener matrices en las Antillas holandesas", considerado también paraíso fiscal.
DESCARTA LO QUE YA SE INVESTIGA
Respecto a los demás hechos de la querella, en los que se apunta al resto de la familia Pujol, el juez descarta investigar lo que ya se instruye en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional y que afecta al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y en el juzgado 31 de Barcelona, en el que se investiga al expresidente catalán tras confesar que mantuvo oculta una fortuna en el extranjero.
No obstante, respecto a este ultimo caso, Pedraz no descarta que la competencia pueda ser de la Audiencia Nacional, sin embargo precisa que con los datos aportados en la querella, no hay base por ahora para deducirlo, aunque el juzgado de Barcelona podrá en su caso inhibirse en el futuro " si observa que de la investigación realizada se desprenden datos que determinen la atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional".
En lo que se refiere a Oleguer Pujol, Pedraz considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos por haberse cometido en el extranjero y porque la defraudación puede producir una grave repercusión en el trafico mercantil y en la economía nacional.
Sin embargo, cree que la Audiencia Nacional no es competente para investigar otros hechos de la querella como el relativo a la sociedad Europraxis Consulting Holding, de la que era socio Jordi Pujol Ferrusoka, que tras su venta por 44 millones de euros a Indra obtuvo numerosas adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña.
Si bien estos hechos, dice el juez, pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, no se aportan suficientes datos para deducir que sean competencia de este tribunal, por lo que sugiere a los querellantes que lo denuncien ante el juzgado territorial correspondiente, para que analice si se desprenden datos que determinen la competencia de la Audiencia Nacional en este caso.
Al admitir a trámite esta querella, el juez indica que, al ser "idéntico el interés" de los querellantes, Podemos, Gaunyem e Iniciativa per Catalunya-Els Vers, que se adhirió a esta demanda, deben ejercer por tanto una única acción popular representados por el mismo abogado y procurador, y les reclama una fianza conjunta de 6.000 euros para formalizar su personación.
La querella describía un entramado societario en el que participaría la familia Pujol Ferrusola -concretamente la existencia de 50 empresas con un amplio abanico de objetos sociales-, cuyas actividades mercantiles estarían vinculadas con la obtención de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Cataluña, que presidió Jordi Pujol durante 23 años.
Ese entramado empresarial estaría especializado en sectores tan dispares como el petrolífero, el eólico o los campos de golf y distribuidos por toda la geografía española, con sociedades hasta en Melilla o Las Palmas.
