El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han completado la renovación del Tribunal Constitucional (TC) con el nombramiento de los magistrados Enrique López, Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez Vares y José Antonio Xiol, que da un giro más conservador al tribunal que resolverá cuestiones de gran trascendencia como la declaración soberanista catalana, el aborto y los ajustes económicos.
Tras destacar el cumplimiento de los plazos en la renovación de los magistrados cuyo mandato había expirado y la coordinación y colaboración entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para llevarlo a efecto, el Gobierno ha observado que la filosofía que se ha tenido en cuenta para estos nombramientos ha sido mantener el equilibrio entre los miembros del Tribunal Constitucional para que representen a todas las disciplinas jurídicas.
El Ejecutivo ha elegido en Consejo de Ministros al magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que fue vocal y portavoz del Consejo Genreal del Poder Judicial a propuesta del PP, y al constitucionalista Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y con un perfil conservador menos claro que López.
Sustituyen a los magistrados Pablo Pérez-Tremps y Manuel Aragón Reyes, cuyo mandato comenzó el 8 de junio de 2004.
MARTÍNEZ VARES Y JOSE ANTONIO XIOL POR EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Previamente, el Consejo General del Poder Judicial rubricó en un pleno el acuerdo alcanzado entre sus miembros para nombrar (con el voto a favor de 18 de sus 21 miembros) al conservador Santiago Martínez Vares, que fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y al progresista José Antonio Xiol, que fue director general de Justicia con el ministro socialista de Justicia Fernando Ledesma.
Ambos sustituirán a Pascual Sala, el actual presidente del Constitucional, y a Ramón Rodríguez Arribas, el vicepresidente, también en el tribunal desde 2004.
Con estos nombramientos del último tercio del Constitucional que quedaba por renovar, el tribunal de garantías pasará de tener una mayoría de sensibilidad progresista de siete a cinco a otra conservadora exactamente inversa.
Este tribunal será el encargado de resolver en los próximos años cuestiones tan transcendentales para la política española como la declaración soberanista de Cataluña, la ley del aborto y los ajustes sociales en materia de Sanidad o Educación del Gobierno de Mariano Rajoy.
La reforma laboral, las medidas fiscales propias emprendidas por algunas comunidades como el caso del euro por receta en Cataluña y Madrid y el recurso de Arnaldo Otegi contra su encarcelamiento por el caso Bateragune son otros de los asuntos que tendrá que resolver el nuevo Constitucional ahora ya completamente renovado y que, en breve, deberá elegir a un nuevo presidente en sustitución de Pascual Sala.
DEBER DE ABSTENCIÓN
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que la abstención o recusación de un magistrado del Constitucional es obligada cuando tiene que intervenir en asuntos sobre los que ya se han pronunciado, en alusión al nombramiento de Enrique López, quien se pronunció sobre numerosas leyes en su etapa de vocal del Consejo General del Poder Judicial.
"Los magistrados propuestos para el Tribunal Constitucional tienen todos una amplia trayectoria política sobre sus espaldas" y han intervenido en la elaboración de informes o sentencias, ha dicho Sáenz de Santamaría, quien por ello ha defendido que "la abstención o recusación" está obligada por ley cuando tengan que fundamentar temas sobre los que se hayan pronunciado con anterioridad.
Desde el PSOE, su líder Alfredo Pérez Rubalcaba ha aplaudido el perfil profesional y la competencia de los nuevos magistrados elegidos por el Consejo General del Poder Judicial "por una mayoría muy amplia". "Son buenos nombramientos, no lo puedo ocultar", ha dicho en rueda de prensa antes de anunciarse los nombramientos del Gobierno.
La renovación del Tribunal Constitucional se inició en diciembre de 2010 con el nombramiento, a propuesta del Senado, de los magistrados Francisco José Hernando Santiago, Adela Asua Batarrita, Luis Ignacio Ortega Álvarez y Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; y continuó en julio de 2012 con la elección por parte del Congreso de Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan José González Rivas.
LOS NUEVOS MAGISTRADOS
Xiol Ríos (Barcelona, 1946), el candidato del bloque de ideología progresista, fue director general del Ministerio de Justicia cuando era ministro Fernando Ledesma (PSOE) y, décadas después, presidió de manera provisional el Tribunal Supremo tras la dimisión, el 21 de junio de 2012, de su presidente Carlos Dívar.
Este juez de amplia y respetada carrera, ha sido vocal del CGPJ y fue uno de los integrantes de la Sala del 61 del Supremo que en 2011 emitió un voto particular contra la prohibición a Bildu de concurrir a las elecciones.
Santiago Martínez Vares (Santander, 1942) ejerció como magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía durante catorce años, antes de incorporarse al Supremo, donde ha impartido justicia desde 2003.
El Gobierno tiene previsto nombrar hoy, en el Consejo de Ministros, a otros dos magistrados, designaciones que la Constitución le atribuye para sustituir a los dos nombrados por un ejecutivo anterior y que también han cumplido mandato: Pablo Pérez-Tremps y Manuel Aragón Reyes, cuya magistratura comenzó el 8 de junio de 2004 y también ha expirado.
XIOL FALLÓ A FAVOR DE BILDU Y VARES APOYÓ EL CASTELLANO EN CATALUÑA
El progresista Juan Antonio Xiol, elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGP) como magistrado del Tribunal Constitucional, fue ponente en 2011 del voto particular que defendía la procedencia de legalizar el partido Bildu, en contra de la opinión de la mayoría.
Director General de Relaciones con la Justicia con el ministro socialista Fernando Ledesma, el nuevo integrante del TC es especialista en derecho contencioso-administrartivo. Entre los años 1987 y 2005 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Contencioso en el Supremo, para pasar después a la Sala de lo Civil.
Por su parte, Santiago Martínez-Vares, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también se ha significado en el seno del TS por varias sentencias, entre ellas, tres de diciembre de 2010 en las que daba la razón, como ponente, a los padres que reclaman que el castellano fuera lengua vehicular en los colegios catalanes.
El magistrado, elegido por el ala conservadora del CGPJ para el Constitucional, entró en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en 2003. Nacido en 1969, pasó a ser juez emérito del alto tribunal en 2012.
