El Poder Judicial pide un informe al fiscal para suspender también a Garzón por las escuchas de "Gürtel"

La Comisión Permamente del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites para acordar la suspensión de funciones del juez Baltasar Garzón tras conocerse ayer que se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y de un delito contra las garantías constitucionales por intervenir conversaciones de los cabecillas de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.

La decisión adoptada hoy por cuatro vocales del CGPJ (Almudena Lastra, Manuel Almenar, Antonio Dorado y Féliz Azón) implica solicitar a la Fiscalía la elaboración de un informe sobre la necesidad de proceder a la suspensión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras ser informados oficialmente de que el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha dictado auto de apertura oral contra él.

La suspensión de Garzón por el asunto de la "Gürtel", que previsiblemente se producirá en unos días, carece de consecuencias prácticas, pues el magistrado ya se encuentra suspendido desde el 14 de mayo de 2010 por otra causa en la que se le investiga también por prevaricación, esta vez por investigar los crímenes franquistas sin tener competencia para ello. Actualmente asesora a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).

SUSPENSION RELEVANTE SI SE LE ABSUELVE POR LA MEMORIA

No obstante, la decisión puede ser importante en el hipotético caso de que, de ser juzgado en primer lugar por la causa de la Memoria Histórica, Garzón resultara absuelto. A pesar de ello, no podría volver al Juzgado Central de Instrucción número 5 porque continuaría suspendido por la "Gürtel".

En la Comisión Permanente de este martes no estuvo presente ni el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, (que se encuentra fuera de España) ni la vocal miembro de este órgano del Consejo Margarita Robles, que ya se apartó de la anterior decisión de suspensión de Garzón tras ser recusada por el magistrado, que alegó que la ex secretaria de Estado de Interior mantiene hacia él una fuerte animadversión.

Tampoco ha estado, por los mismos motivos (también fue recusado por Garzón), el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, a quien hubiera correspondido presidir la Comisión Permanente en ausencia de Dívar. La sesión se ha celebrado bajo la presidencia del vocal Félix Azón.

El su auto de apertura de juicio oral, el magistrado del Supremo Jorge Barreiro, reconoce que la pretensión del juez a la hora de ordenar las escuchas a abogados de la "Gürtel" era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Pero esa buena voluntad no impide afirmar, a su juicio, que las escuchas fueran ilegales, porque los acusados tenían plena confianza en "la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado".

Lo que sí dice el juez es que Baltasar Garzón sabía que su decisión de escuchar a acusados y abogados afectaría a su "derecho a la defensa". De hecho, esa grabaciones tenían como único contenido preparar la estrategia de defensa de los imputados, y además los abogados no tenían "enlace alguno" con la organización liderada por Correa, pero todo eso a Garzón "le resultó indiferente".

Garzón quería obtener información que fuera relevante para la investigación, y estaba convencido de que no le sería posible alcanzarla "mediante la utilización de medios lícitos". Por lo tanto, "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión, según afirma el juez instructor. Según el auto, los dos delitos de que acusa al juez "concurren", por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación.

Pero con esas decisiones Garzón no buscaba únicamente conocer aspectos relevantes para juzgar la causa, sino que además le permitía estar al tanto de todas las novedades relacionadas con la trama Gürtel. Así lo explica el juez instructor, que indica que la causa, liderada por el empresario Francisco Correa, tiene "gran trascendencia mediática", por lo que el acceso de Garzón a estos "datos confidenciales" extraídos de las conversaciones le proporcionaban un "dominio completo de la evolución de la causa".

REACCIONES POLITICAS

Pero la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral al juez Garzón por la escuchas del caso Gurtel han avivado la polémica en el terreno político. Los partidos están divididos entre los que defienden la necesidad de que Garzón responda ante la justicia, los que dudan de sus métodos y los que califican el juicio como un escándolo internacional.

Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido dejar claro este martes que el juez Baltasar Garzón es un ciudadano como cualquier otro y que, como tal, debe someterse al criterio que marquen los tribunales.

Sáenz de Santamaría no ha querido entrar a valorar esa circunstancia pero sí ha subrayado que en este país todos los ciudadanos, incluidos los jueces, están sometidos al imperio de la ley y ha apuntado que Garzón, como juez instructor, debería saber "mejor que nadie" los tiempos de instrucción de los procedimientos judiciales.

"La persona que mejor comprenderá eso es Garzón, que es juez instructor y que va a ser juzgado por delitos de prevaricación y de cohecho cometidos precisamente en el ejercicio de esa actividad", ha apostillado.

EL PSOE PIDE QUE SE RESPETE LA PRESUNCION DE INOCENCIA

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha pedido hoy que se respete la presunción de inocencia del juez Baltasar Garzón y ha recordado que todavía no ha sido juzgado "y mucho menos condenado".

Un caso sobre el que el PP "sigue sin dar ninguna explicación" y sin exigir ningún tipo de responsabilidad, hasta el punto de llevar en sus listas para las elecciones del 22 de mayo a algunos imputados por corrupción.

Ha recordado Alonso que el líder del PP, Mariano Rajoy, se negó ayer a responder a las numerosas preguntas sobre el tema que le formularon los periodistas en la rueda de prensa que ofreció en Berlín.

"Eso es lo intolerable", ha subrayado Alonso, y ha agregado que eso le merece "una opinión pésima".

Mientras tanto, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha ironizado hoy con la rapidez del Tribunal Supremo a la hora de abrir juicio oral contra el juez Garzón por las escuchas que autorizó en el "caso Gürtel", antes incluso que a los acusados por la trama, al manifestar que "no es verdad que la Justicia sea lenta" en España.

En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares ha arremetido contra el Supremo por su papel contra Baltasar Garzón, hasta el punto de calificar su actitud de "escándalo internacional" que según él está "avergonzando" a los ciudadanos.

Es más, Llamazares ha insistido en que la Justicia "no es ciega" porque "ve muy bien por el ojo izquierdo y no ve nada por el ojo derecho".

A su entender, la segunda causa que ha supuesto una apertura de juicio contra el juez Garzón -la anterior fue por su instrucción de los crímenes del franquismo- confirma por un lado que para el Supremo el franquismo "debe seguir impune", y por otro que en España "la corrupción va por barrios".