El sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus cuerpos, han convocado a todos los ciudadanos a una manifestación el próximo sábado en Madrid contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.
Bajo el lema "¡Por una España más segura!" estas organizaciones han convocado la protesta -que se iniciará a las 12:00 horas en la plaza de Neptuno- al estimar que dicha reforma, "prevista por el Gobierno y sus socios independentistas, compromete la tranquilidad de las calles españolas en favor de los más violentos".
En un comunicado muestran su "profundo malestar por una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los juristas" y añaden que "hará de España un país más inseguro tanto en las áreas urbanas como en las rurales".
Aseveran que con esta reforma "los policías y los guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones imposible, llevar a cabo su labor y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades".
"Solo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad", insisten.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, muestra su deseo de que les acompañen en la manifestación representantes políticos, a los que pide que "eleven a la tribuna del Parlamento y a otros espacios de decisión política el rechazo a la reforma".
Para su homólogo de JUPOL, Aarón Rivero, la reforma "se produce en un contexto muy negativo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una pérdida del principio de autoridad".
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¿Cree que la policía y Guardia Civil quedan desprotegidas con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana?
"Una situación que deriva en un incremento de las agresiones a policías y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno", añade.
Rivero critica que "el Ministerio del Interior esté impulsando esta reforma mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, como la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones, las dietas, la jornada laboral y el derecho a huelga".
Y advierte de que la reforma propuesta "va en dirección contraria a las necesidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad para afrontar con garantías los nuevos desafíos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles, mafias internacionales o delitos tecnológicos".