Prisión para el chófer que compró cocaína con las ayudas de los EREs

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha decretado esta madrugada prisión sin fianza para Juan Francisco Trujillo, el chófer de la Junta que ha declarado que gastó 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en comprar cocaína para su jefe, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el día 9. La juez Mercedes Alaya decretó el ingreso en prisión de Trujillo a las 2.30 horas, según pidió la Fiscalía Anticorrupción, apoyada por la acusación particular que ejercen la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias.

Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que esta pasada madrugada se convirtió en el segundo encarcelado por los ERE falsos, llegó al Juzgado imputado por once delitos y terminó acusado de 22, que incluso podrían aumentar.

En un auto, la juez Mercedes Alaya decretó prisión sin fianza para Trujillo por su riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, porque es ahora cuando ha perdido todo su arraigo social y además va a dejar de cobrar el paro dado que, según su propia confesión, lo percibía de manera fraudulenta.

Trujillo inició su declaración ante la juez de instrucción 6 de Sevilla imputado de once delitos: tres de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación, otro de malversación y tres delitos de falsedad en documento oficial.

Su encarcelamiento se produjo por otros once: uno de alzamiento de bienes por vender una de las fincas que compró con las subvenciones, dos de falsedad en documento mercantil por los falsos contratos de trabajo por los que está cobrando el paro, tres de falsedad y otros tres de cohecho por las tres facturas falsas que reconoció por trabajos ficticios a Delphi, Dhul y Estudios Jurídicos Villasís, y dos de cohecho por los sobres con dinero en efectivo que recogió para su jefe.

Abogados personados en la causa creen que además podría ser imputado de tráfico de drogas pues declaró a la juez que con el dinero de las subvenciones públicas gastaba hasta 25.000 euros al mes en cocaína para él mismo y su jefe, droga que preparaba en bolsitas y le iba entregando según necesitara.

La juez afirma en su auto que los delitos que se le imputan "pueden aumentar con el desarrollo de la presente investigación" pues Trujillo confesó en una declaración de más de ocho horas debido "al propio devenir del largo interrogatorio, cuando de manera casi inconsciente, sin calibrar el alcance de sus respuestas, admitió la comisión de otro numeroso grupo de delitos".

Entre ellos, haberse desplazado en dos ocasiones de 2007 a Madrid para recoger sobres con "billetes grandes" destinados "a modo de comisión" -según el auto- a Guerrero por Antonio Albarracín, responsable de la empresa Vitalia, una de las intermediarias en las ayudas investigadas.

La juez impuso a Trujillo una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades económicas y no a eludir la prisión, ya que le imputó haber recibido tres subvenciones de 450.000 euros para otras tantas empresas ficticias que creó "puesto de común acuerdo" con Guerrero, así como otros 122.649 euros que recibió su propia madre en una póliza subvencionada por la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión incondicional para Trujillo por su "plena cooperación en una labor continuada de saqueo de fondos públicos" presuntamente cometida por su jefe, que está encarcelado desde que el pasado 9 de marzo compareció ante la juez Alaya.

El abogado del imputado, Antonio Aguilar, intentó sin éxito su libertad con la única obligación de comparecer regularmente ante el juez y denunció el "tufillo político que se pretende imponer" al caso de los ERE.

La juez recoge en su auto el riesgo de que Trujillo, si queda libre, pueda destruir "documentación de relevancia sobre sus sociedades" o sobre las nuevas facturas falsas que reconoció, todo ello con la intención de "ocultar pruebas que incrementen su larga actividad delictiva".

Alaya ha tomado declaración hasta ahora a una veintena de "intrusos" individuales en los ERE, que quedaron libres bajo fianza, pero ha citado como imputados a varios responsables políticos como Antonio Fernández, exconsejero de Empleo convocado el 19 de abril; Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo citado el 26 de julio, y tiene pendiente fijar fecha de declaración como imputados para dos sucesivos directores generales de Empleo: Juan Márquez y el actual titular, Daniel Alberto Rivera.