Propietarios de pisos ocupados se manifiestan contra la suspensión de desahucios

Medio centenar de personas, en su mayoría propietarios de viviendas ocupadas por familias vulnerables, se han manifestado este sábado en Madrid contra el decreto que prohíbe, desde 2020, desahuciar a estas familias hasta que la administración les proporcione una alternativa habitacional.

Convocados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación y la recién creada Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), los afectados se han concentrado frente al Congreso de los Diputados con pancartas y pitos al grito de "¡decreto covid fuera!".

Purificación Ramos, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ha asegurado a EFE que el decreto no solo les obliga a pagar todos los suministros de la vivienda ocupada, sino que también tienen que seguir tributando a Hacienda por el beneficio de una renta que no perciben.

Ha explicado que, en su caso, lleva haciéndolo durante los cuatro años en que una familia declarada vulnerable por los Servicios Sociales, compuesta por una madre divorciada y dos hijos mayores de edad que están estudiando, residen en su casa del municipio madrileño de Alcalá de Henares sin pagar el alquiler.

"En nuestra plataforma hay gente que ha tenido que malvender sus pisos a fondos de inversión, porque no pueden tener las cargas familiares de su familia y de otra; y algunos que han tenido que dejar de pagar sus hipotecas e irse a casa de familiares porque no pueden pagarla sin el alquiler", ha relatado.

Prórroga hasta finales de 2025

Los manifestantes han subrayado que les "parece bien que se ayude a los vulnerables", pero inciden en que esa medida no se puede cargar sobre los propietarios particulares, "porque para eso está el Estado".

El Gobierno decretó, en marzo de 2020, la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, dentro del Real Decreto-ley 11/2020 de medidas urgentes para amortiguar los efectos de la pandemia de covid.

Desde entonces, la medida se ha ido prorrogando, la última vez el pasado diciembre, hasta finales de 2025, dentro de otro decreto que prevé que los arrendadores y titulares de viviendas afectados por la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos tendrán derecho a solicitar, hasta el 31 de diciembre de 2026, una compensación en determinadas circunstancias.

Este nuevo decreto está pendiente de ser convalidado en el Congreso, donde Junts per Catalunya y el PNV no han asegurado su apoyo, imprescindible para que no decaiga.

Perdiendo derechos

La portavoz de Aprovij, Ana Pavón, ha denunciado que en los últimos años los propietarios de viviendas han ido "perdiendo derechos", a pesar de que el derecho a la propiedad privada está protegido por la Constitución.

Ha acusado además a las administraciones competentes de no cumplir con su obligación de proporcionar una alternativa habitacional a estas familias vulnerables.

"No lo hacen y no dan ningún tipo de ayuda a estas personas y, si se te ocurre tomar alguna medida, la que puedes acabar en la cárcel eres tú", ha lamentado Pavón, portavoz también de Madrid VUT, plataforma de pequeños propietarios de viviendas turísticas, en lucha contra el Ayuntamiento de Madrid por las restricciones que ha impuesto.