La familia de Publio Cordón, el empresario secuestrado por los GRAPO el 27 de junio de 1995, ha manifestado su "indignación" y "rabia" por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, de dejar en libertad, previo pago de una fianza, a dos de los tres miembros de la banda terrorista detenidos esta semana en Andalucía por su presunta implicación en los hechos.
El magistrado ha impuesto fianzas de 10.000 euros para Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, y ha ordenado el ingreso en prisión del tercero, José Antonio Ramón Teijelo.
María Cordón, una de las hijas del empresario, ha indicado, en declaraciones a Europa Press que "no entendemos esa decisión del juez, nos ha sorprendido muchísimo, no lo esperábamos". Ha añadido que "ha sido un jarro de agua fría para nosotros, en estos momentos siento mucha impotencia y rabia".
También ha dicho que la Guardia Civil ha estado trabajando durante años, labor que ha agradecido y alabado. "Ahora, en una mañana, se han echado por tierra sus investigaciones y no se comprende que el juez diga que deja en libertad a dos de los detenidos porque no existe riesgo de fuga".
"Con estas últimas detenciones y la localización de la casa donde retuvieron a mi padre, creíamos que podíamos tener un poco de paz y empezar a salir de la angustia que hemos vivido durante 17 años, pero les dejan que se vayan a la calle, no es justo".
María Cordón ha subrayado que "a mi padre no le dieron ninguna oportunidad, no hubo presunción de inocencia, le secuestraron y le asesinaron". Asimismo, ha considerado que es una "tomadura de pelo" la fianza de 10.000 euros que ha fijado Gómez Bermúdez.
LA GUARDIA CIVIL PERPLEJA
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de dejar en libertad bajo fianza a dos de los tres miembros de los GRAPO detenidos por su relación con el secuestro del empresario Publio Cordón ha causado "perplejidad" y "sorpresa" en los investigadores de la Guardia Civil.
Así lo han asegurado a Efe fuentes del instituto armado, que consideran que había indicios suficientes para que el magistrado hubiera decretado el ingreso en prisión sin fianza para ambos terroristas, debido a su implicación en el secuestro del empresario zaragozano, en junio de 1995.
Al mismo tiempo, han mostrado su "indignación" por la decisión de Gómez Bermúdez de abrir diligencias por revelación de secretos tras la publicación en los medios de comunicación de diversos datos relacionados con el secuestro.
Y remarcan su respeto hacia la profesionalidad de los jueces, aunque insisten en que les gustaría que se respetara igualmente el trabajo desarrollado por la Guardia Civil durante los últimos 17 años.
Las fuentes subrayan que no pretenden sustituir el papel del juez, pero recuerdan que los terroristas Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa Cecilio, aunque inicialmente sólo participaron en el cobro del rescate, sí formaban parte del comando responsable de la captura y desaparición de Cordón.
