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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han mantenido este lunes una reunión discreta y sin comparecencia posterior ante los medios, en la que han defendido un proceso dialogado para "reformular" el Estado para responder a las "diversas realidades nacionales".

En un momento en que sus respectivos gobiernos simbolizan dos estrategias opuestas -una marcada por el referéndum sobre la independencia de Cataluña y el choque frontal con el Estado, y la otra caracterizada por los acuerdos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy-, Puigdemont y Urkullu han mantenido una reunión de trabajo en el Palau de la Generalitat, en Barcelona.

La reunión ha servido para que ambos mandatarios analizasen en profundidad la situación política, institucional y social de Cataluña, en el País Vasco, así como en el conjunto del Estado y de Europa, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En pleno pulso entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Rajoy por el referéndum que el ejecutivo catalán prevé celebrar el 1 de octubre sin el aval del Estado, Puigdemont y Urkullu han subrayado que la legalidad "no es inmutable", sino que debe servir para "resolver problemas políticos y sociales". "Si la legalidad se convierte en un corsé que ahoga las aspiraciones democráticas, no sirve para solucionar los problemas de las naciones y los pueblos y hay que cambiarla y adaptarla", han señalado, según el comunicado.

MODELO TERRITORIAL

Ambos presidentes consideran que el Estado "no puede imponer un determinado modelo territorial que después del periodo de la Transición se ha revelado como insatisfactorio en el reconocimiento de las realidades nacionales de Cataluña y Euskadi".

En su opinión, "los problemas territoriales no se resolverán con la apelación y el recurso permanente a la legalidad derivada de una unidad constitucional que no se basa en la unión voluntaria", por lo que ambos ven necesario un "proceso dialogado para una reformulación del Estado que responda a las diversas realidades nacionales".

Puigdemont y Urkullu han constatado las dificultades de avanzar ante la "estrategia de quietud" del Estado frente a las demandas catalanas y vascas que defienden el "derecho de su ciudadanía a ser consultada de manera legal y pactada sobre su futuro".

Uno y otro "parten del convencimiento de que continúa sin resolverse la articulación del Estado español en relación con las naciones que lo conforman y que el llamado Estado de las autonomías no es suficiente".

El propio comunicado difundido por la Generalitat señala que Puigdemont y Urkullu, además de "compartir diagnóstico sobre la crisis institucional", han reflexionado sobre cómo avanzar desde la "realidad propia y diferenciada con el objetivo prioritario del autogobierno de las dos naciones".

Esta realidad diferenciada se ha traducido en las últimas semanas en dos fotografías dispares: mientras Puigdemont apuesta por un referéndum unilateral ante la imposibilidad de pactarlo con Rajoy, Urkullu cerró con el PP un acuerdo para la rebaja del cupo vasco a 956 millones de euros este año y la devolución de 1.400 millones, en un momento en el PNV ha dado su apoyo a los Presupuestos del Estado.

Este contraste se ha agudizado en los últimos días, ya que la Generalitat ha expresado su malestar por que no se convoque la Junta de Seguridad de Cataluña pero sí la del País Vasco, y que el Gobierno acepte incluir a la Ertzaintza, pero no a los Mossos d'Esquadra, entre los cuerpos policiales que pueden acceder a la base de datos de la Europol.

Del encuentro de hoy se ha informado a través de un comunicado de la Generalitat, a diferencia de otras visitas de presidentes autonómicos a Barcelona, en las que se han organizado ruedas de prensa. Puigdemont y Urkullu han acordado mantener una "relación periódica para abordar conjuntamente las materias de interés común, así como profundizar en el conocimiento de las realidades propias y las posibles vías de acción conjunta".