¿Qué es el delito de sedición y a quién beneficia su eliminación?
- La propuesta del Gobierno suprime los artículos 544 al 549 del Código Penal
- ¿Qué es el delito de sedición?
Se trata de un delito contemplado en el Código Penal desde el año 1822.
En la actualidad el Código Penal lo recoge en el artículo 544 como un delito de orden público: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
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Es decir, el Código Penal distingue entre sedición y rebelión, el primero se produce cuando se produce un ataque contra el orden público, mientras que el segundo es directamente contra el orden constitucional, como ocurrió con el intento de golpe de Estado del 23-F.
Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, fueron condenados a 30 años por un delito de rebelión.
Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) se define ‘sedición’ como: "alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión".
- ¿Qué penas tiene?
En el Capítulo I del Título XXII del Código Penal encontramos las penas que vienen asociadas a este delito en los artículos 544 al 549.
Contempla una pena de prisión 8 a 10 años para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores y de 10 a 15 años para las autoridades y una inhabilitación de cargos públicos de 4 a 8 años.
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- ¿Quiénes han sido condenados por sedición?
En una sentencia, en 2019, el Tribunal Supremo condenó a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por la declaración unilateral de independencia en Cataluña, dentro del denominado Procés.
- ¿Cómo es la reforma que prepara el Gobierno?
El Gobierno en la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos contempla eliminar el delito de sedición y sustituirlo por el de ‘desórdenes públicos gravados’.
El texto señala que "serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
“Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de 3 a 5 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de 6 a 8 años”.
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- ¿Quiénes serían los principales beneficiados?
Beneficiaría principalmente al expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont que permanece fugado de la justicia así como a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí que están procesados por sedición y por malversación que verían reducidas sus penas.
También la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira que al enfrentarse solo a un delito de sedición sería la más beneficiadas de la reducción de las penas.
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La reforma también supondría que los nueve condenados e indultados por el Procés (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez) se beneficiarían de la supresión.
La pena de prisión lleva una pena accesoria de inhabilitación equivalente, que varía entre los 9 y los 13 años para todo ellos. Si el tiempo de inhabilitación se reduce a la mitad, parte de los indultados en el plazo de 2 años podrían volver a ejercer cargos públicos.
- ¿Cuáles son las penas en otros países?
El Gobierno defiende que se trata de equipararnos a las leyes de otros países que no castigan la sedición tanto como lo hace España.
En el caso de Europa, los países de nuestro entorno utilizan denominaciones diferentes sobre hechos como los ocurrido en Cataluña.
Las conductas contra la unidad del país y el orden constitucional se penan con condenas similares a España e incluso mayores. En algunos casos, como Francia o Alemania, llegan a la cadena perpetua.
