¿Qué supone dar la amnistía como piden los independentistas catalanes?

Las negociaciones para la investidura se han mantenido en las últimas semanas y seguirán en las próximas, con Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez como protagonistas.

El Rey ha decidido que el líder del PP sea el primero en intentar ser investido como presidente (el debate se celebrará los días 26 y 27 de septiembre), mientras Sánchez plantea la otra alternativa.

La opción del bloque de izquierdas necesita el apoyo de los independentistas catalanes. Entre las exigencias que, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont establece se encuentra reconocer la "legitimidad" del independentismo, amnistía a los encausados por el 'procés', así como garantías de cumplimiento de los acuerdos.

Todo ello sin renunciar a la unilateralidad y a un mecanismo de mediación, pero ¿qué conllevaría todo ello? analizamos que supondría.

¿Qué es la amnistía?

Se trata de una medida mediante la cual una autoridad, normalmente un gobierno, perdona y elimina los delitos o faltas cometidos por una serie de personas en el pasado.

Los delitos a los que se aplican suelen ser de naturaleza política, aunque también se han llevado a cabo en el terreno fiscal.

La ley de amnistía establece los términos, requisitos y fechas en las que esta será efectiva para la persona o personas que se acojan a ella.

¿Qué delitos se perdonarían?

Los independentistas catalanes estarían negociando que la amnistía afecte a todos los actos de intencionalidad política desde el 1 de enero de 2013, cualquiera que sea su resultado y tanto si están "tipificados como delitos o como conductas administrativamente punibles".

En este sentido, ERC y Junts quieren que se entiendan como actos de intencionalidad política todos los que tienen que ver con el procés, incluyendo el referendum ilegal del 1 de octubre de 2017 y todos los actos de protesta en la vía pública que tuvieron lugar.

De este modo estarían incluidos los delitos de rebelión y sedición, así como el resto de delitos contra el orden público y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos.

¿Es lo mismo que indulto?

No, no es lo mismo.

El indulto y la amnistía son dos medidas de gracia que se conceden a personas condenadas o acusadas por delitos, y aunque se puede pensar que son similares se diferencian en que el indulto exime a la persona de cumplir la condena, mientras que en la amnistía lo que se perdona es el delito cometido, normalmente a un grupo de personas.

En el indulto es necesario que haya una sentencia de condena y se sigue considerando que las personas son culpables, mientras que en el caso de la amnistía no es necesaria sentencia condenatoria.

Además, el indulto no extingue la responsabilidad civil del delito por el que han sido condenados, y la amnistía sí supone la extinción de la responsabilidad civil, además de la posible responsabilidad penal. Por ello, el indulto no tiene por qué hacer desaparecer los antecedentes penales, y la amnistía, sí.

Tradicionalmente siempre se ha vinculado el indulto con las penas de prisión y no de inhabilitación, al remitirse al articulo 6 de la ley que regula este asunto cuando dice que "el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos...".

Sin embargo, en el caso de Cataluña, podría afectar a las inhabilitaciones, un factor clave para el futuro político de los condenados, dado que forman parte de las penas principales y no de las accesorias.

En las últimas décadas en nuestro país ha habido precedentes de condenas por inhabilitación indultadas por el Gobierno español. De esto modo se abriría la puerta a que los líderes independentistas puedan ocupar cargos públicos en el futuro, es decir, que pudieran presentarse a unas elecciones.

¿Por qué Puigdemont pide amnistía y no indulto?

El expresidente catalán Carles Puigdemont siempre ha rechazado acogerse a un posible indulto porque ello implicaría ser juzgado antes en la causa que tiene pendiente el Tribunal Supremo.

¿Contempla la Constitución una amnistía?

Hay división entre los expertos en Derecho Constitucional. Para algunos esta medida es contraria a nuestra Carta Magna porque la Constitución atribuye al Poder Judicial la competencia para juzgar y cree que la amnistía, en la práctica, borra esta acción de los tribunales

Otros en cambio consideran que la Constitución no la prohíbe de forma expresa pero precisan, sin embargo, que todo dependerá de cómo se redacte y se tramite.

¿Beneficiaría a Carles Puigdemont?

Sí, pero no solo beneficiaría al expresidente catalán, sino también a otros dirigentes condenados y a otras 3.000 personas que se enfrentan a procesos judiciales derivados de las consecuencias de 1-O.

De este modo la amnistía incluiría además de las condenas a los dirigentes del procés ya indultados otro sinfín de delitos, principalmente por desobediencia, como los que tuvieron lugar en las protestas y disturbios tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo o las acciones de los autodenominados CDRs.

¿Quién aprueba una Ley de amnistía?

Al tratarse la Ley de amnistía de una ley orgánica para poder ser aprobada es necesario que obtenga mayoría cualificada del Congreso.

¿Cuáles son los plazos?

Es la propia ley de amnistía que se aprueba la que fija los términos, requisitos y fechas que afectan a las personas que se ven beneficiadas.

¿Hay precedentes?

En las últimas décadas destaca la Ley de amnistía del año 1977 que condonó los actos de intencionalidad política tipificados como delito durante el franquismo, pero fue un año antes de que se aprobara la Constitución actual que es de 1978.

¿Afectaría a las elecciones catalanas?

Los dirigentes independentistas beneficiados por la amnistía podrían presentarse a las elecciones catalanas que, salvo adelanto, se celebrarán en 2025, siempre que por plazos lo permita la ley en la que se aprueba la amnistía, por lo que podríamos ver a Puigdemont de nuevo como candidato a la Generalitat, siempre que los plazos lo permitan.