El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que si su partido vence en las elecciones generales del 20-N presentará en los cien primeros días de su mandato un nueva ley de Estabilidad Presupuestaria que deberá estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 30 de junio.
En su intervención en el XIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Rajoy ha recalcado que supone una ventaja el rango constitucional del mandato y el que haya un acuerdo firmado entre el PSOE y el PP para su desarrollo legislativo inmediato.
También se ha comprometido en ese periodo de tiempo a impulsar un pacto territorial sobre la austeridad y la eficiencia que ponga fin a las duplicidades entre las administraciones, además de desarrollar una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública.
Respecto a la cumbre europea, Rajoy ha mostrado su preocupación por el hecho de que la deuda pública española quede estigmatizada como consecuencia de los acuerdos de esa reunión.
También ha subrayado que el sistema bancario español no tiene los mismos problemas que otros, ya que "no ha invertido de forma poco responsable en deuda soberana o activos tóxicos estructurados".
Entre los aspectos urgentes de la economía española, Rajoy ha destacado estabilizar el sistema financiero y restablecer la confianza en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Rajoy ha asegurado que el proceso de reestructuración financiera ha seguido un ritmo muy lento que hace que las instituciones financieras no cumplan con su función de servir de canal de comunicación entre el ahorro y la inversión y el consumo. A su juicio, estos canales están atascados y hay que devolverlos "a toda velocidad" a su estado original.
RECUPERAR LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO
El líder del PP ha recalcado que el crecimiento de los ingresos del sector público debe producirse por el aumento de las bases contributivas, y no de los tipos impositivos. En su opinión, cuando haya dinero para invertir, habrá crecimiento, y cuando haya crecimiento, habrá empleo, y por consiguiente, más ingresos públicos, porque esos nuevos empleados pagarán el IRPF y además al aumentar su consumo se ingresará más por impuestos especiales y por IVA.
Rajoy ha abogado por una reforma tributaria que incentive la creación de empleo, la inversión y el ahorro, y que asegure un reparto equitativo de los costes de la salida de la crisis.
Algunos aspectos de esa reforma serían tipos reducidos para pymes y autónomos, ajustes de módulos y una "verdadera" deducción por reinversión de los beneficios de las empresas.
En este sentido, ha afirmado que los beneficios destinados a hacer más competitiva la empresa con la compra de nuevos activos tributen diez puntos menos que los dedicados a distribuirse a los accionistas.
Rajoy ha señalado que España necesita una reforma profunda de las administraciones, que mejore su organización y funcionamiento con la cooperación, el diálogo y la sensatez, con el fin de que no se multiplique la burocracia.
Asimismo, ha defendido la reducción de los organismos reguladores y cambiar el sistema de nombramientos, reforzando para su elección las mayorías necesarias en el Congreso.
También ha destacado la necesidad de una reforma laboral que reestructure la formación profesional, mejore la movilidad funcional, aborde el absentismo, fortalezca la flexibilidad y adapte la evolución de los salarios a la realidad de las empresas.
