El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que en Cataluña "hemos llegado a una situación límite" que obliga al Ejecutivo a actuar y ha confesado tener la sensación de que "es lo que se pretendía por parte de algunos". En rueda de prensa en el marco del Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy no ha confirmado que haya acordado con el PSOE una aplicación del artículo 155 de la Constitución con el objetivo de convocar elecciones en Cataluña, tal y como ha apuntado la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo.
"Todas las medidas que adoptemos las anunciaremos mañana", ha remarcado Rajoy un día antes de la reunión del Consejo de Ministros para activar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Rajoy ha dejado claro su rechazo a la actuación de la Generalitat: "No defiendo las posiciones del Gobierno catalán, pero creo que las han defendido francamente mal. No se puede dar más facilidades de las que se les han dado", ha dicho tras reiterar que simplemente se exigió a la Generalitat que dijera que no había declarado la independencia.
Pero, además de eso, ha continuado el presidente, la Generalitat ha adoptado un "sinfín" de decisiones contra el Estatuto y la Constitución española y se ha situado fuera de la ley. "Eso, lógicamente nos obliga a actuar", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo quien, al ser preguntado si comparte con el PSOE que la aplicación del artículo 155 debe ser limitada, ha dicho que todas las medidas son fruto del acuerdo con PSOE y Cs y "cada uno las califique como estime conveniente".
Ha garantizado que la utilización del 155 es una medida que el Ejecutivo toma "en ultima instancia" ante una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de Derecho". No obstante, ha asegurado que "no presupone usar la fuerza", sino que es un instrumento acorde con la Constitución y similar a otros que contemplan muchas constituciones europeas.
El objetivo fundamental de la aplicación del 155 es "volver al cumplimiento de la legalidad, al marco constitucional y la normalidad institucional", según Rajoy, que ha recordado que hace tan sólo tres días el Tribunal Constitucional volvió a declarar la ley del referéndum contraria a la Constitución. "No puede haber una parte donde el Gobierno no cumple la ley, si no la cumple el Gobierno, cómo se le va a exigir que la cumplan los ciudadanos", ha añadido el presidente que ha puesto en valor el apoyo que ha recibido de los principales dirigentes europeos.
"Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos a esta situación", ha alertado. Rajoy ha avisado también de que la actual situación de inestabilidad en Cataluña puede afectar gravemente al crecimiento económico y a la creación de empleo por culpa de las "decisiones irresponsables" de políticos "que han sido incapaces de estar a la altura de la circunstancias". "Cuando uno se entrega a los extremistas y a los radicales y les obligan a cambiar a su candidato pasa lo que pasa", ha denunciado.
EL SENADO, LA PRÓXIMA SEMANA
El pleno del Senado aprobará dentro de una semana, el viernes 27 de octubre, las medidas que el Gobierno tiene previsto acordar mañana para frenar el desafío independentista de Cataluña, y que precisan del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta, según han asegurado fuentes parlamentarias. La Mesa del Senado se reunirá mañana sábado, tras el Consejo de Ministros extraordinario donde se decidirán estas medidas, y acordará que una comisión conjunta de 27 senadores procedentes de las comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional sea la encargada de tramitar la propuesta del Gobierno antes de elevarla al pleno para su convalidación.
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, será el encargado de presidir esta comisión conjunta, han explicado las mismas fuentes parlamentarias de la Cámara Alta, y él mismo encabezará la reunión en la cual la Mesa pondrá mañana en marcha el mecanismo de tramitación de los preceptos que el Gobierno quiere aplicar al abrigo del 155. El Senado podía seguir dos caminos para dar curso a las peticiones del Gobierno: A través de la Comisión General de Comunidades Autónomas o mediante una comisión "ad hoc" conformada por senadores de las comisiones afectadas, de funcionamiento mucho más ágil.
Será el segundo modelo el que adopte mañana la Mesa, donde el PP cuenta con la misma mayoría absoluta que en el hemiciclo del Senado, con cuatro representantes frente a dos del PSOE y uno del PNV. Es muy probable que la comisión conjunta se constituya el lunes, con los miembros que haya propuesto cada grupo y siguiendo una proporción igual a la que tienen las comisiones ordinarias de la XII Legislatura, esto es, doce senadores del PP, seis del PSOE, dos de Unidos Podemos, uno de ERC, otro del PNV, otro del grupo nacionalista (que agrupa a PDeCAT y CC) y otro más del Mixto.
El papel de esta comisión, regulado en el artículo 189 de Reglamento de la Cámara, es relevante, porque tendrá capacidad para enmendar y modificar las medidas que el Gobierno haga llegar al Senado y además deberá dar audiencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por si quiere hacer alegaciones.
La semana próxima hay pleno ordinario en el Senado entre el martes y el miércoles, circunstancia que condiciona el calendario de tramitación de las medidas del Gobierno y que llevará finalmente el pleno extraordinario para su ratificación hasta el viernes 27, ajustando al máximo los tiempos. El Reglamento no obliga a un plazo concreto para ofrecer las alegaciones al presidente autonómico, de manera que será la propia comisión "ad hoc" la que el lunes lo decida, siguiendo lo establecido en el artículo 189.3.
Este precepto la faculta para requerir al presidente a que "en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos". Es decir, que además de enviar la documentación que crea conveniente para defenderse, Puigdemont podrá acudir al Senado a argumentar su postura, en persona o mediante la persona que él determine.
En cualquier caso, esta comisión tendrá que reunirse por segunda vez, posiblemente el jueves 26, y tras recabar los posibles documentos y testimonios, formulará una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas". Esa será la propuesta que debata y vote el pleno al día siguiente, en sesión extraordinaria que precisará del respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara para que pueda salir adelante, según establece el artículo 155 de la Constitución.
