Rato pide un ultimátum del juez a Hacienda para que envíe su informe final

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido al juez que investiga el origen de su fortuna que dé un ultimátum de 10 días a la Oficina Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que presente su informe final tras un año y medio de instrucción con todos sus bienes embargados. En un escrito adelantado por Efe, Rato recuerda que ya el pasado 5 de agosto el titular del juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, requirió a la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, su informe definitivo "sin ulterior dilación".

Con esta omisión, se limita "de manera constante y reiterada" el derecho a la defensa de Rato, que no conoce "la posición definitiva de una Oficina que lleva trabajando en el presente caso un año y siete meses", señala el documento.

Rato recuerda que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude "ha desobedecido" de forma reiterada las peticiones del juez, al eludir la presentación de sus conclusiones "sin haber ofrecido una explicación razonable al respecto".

En vez de facilitar las cifras definitivas que habrían sido presuntamente defraudadas, la Oficina Nacional de Investigación del FraudeF se ha dedicado a aportar "nuevos informes que se alejan de su denuncia inicial.

Ya en noviembre de 2015, recuerda el escrito, el juez instó a Antifraude -"dado el tiempo que obra en poder de esa Oficina toda la documentación sobre la que han de elaborarse los informes"-, a que "en el improrrogable plazo de quince días" procediera a entregar el documento definitivo.

Hasta siete informes diferentes ha elaborado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude con la información incautada en el domicilio y en el despacho de Rato en abril de 2015, pero sólo dos de ellos tienen relación directa con la causa, mientras que el resto "evitan el objeto inicial de su denuncia y tratan de expandir la investigación".

El pasado marzo, Rato presentó una prueba pericial para demostrar que la denuncia inicial, que dio lugar a su detención, se basaba en hechos que han resultado falsos (alzamiento de bienes) o en acusaciones tributarias infundadas pese a estar las pruebas de ello en poder de Hacienda.

Entre los argumentos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude para dilatar la presentación de su informe, destaca "la cantidad de documentación que debe revisar", ante lo que Rato recuerda que esa información confiscada "de forma abusiva, excesiva y expansiva" debe serle devuelta y que su incautación "no estaba amparada por el auto de entrada y registro y (...) no puede ni debe tener relación con la causa".

Ello, concluye el escrito, confirmaría que los agentes de Aduanas que participaron en la incautación sobrepasaron los límites fijados por el juez en su primer auto, una razón por la que el exministro ya ha solicitado en varias ocasiones el archivo de las múltiples piezas abiertas desde el inicio de las pesquisas en abril de 2015.

Entonces, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con la detención televisada del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional.

La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.

Los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla continúan, 19 meses después, con la instrucción de un caso que ha dejado una veintena de imputaciones a personas y gigantes empresariales, como Telefónica o Lazard, investigados por su relación con Rato y sobre los que el fisco también deberá pronunciarse en sus conclusiones finales.