Rita Barberá reconoce la donación pero no el blanqueo. La senadora y exalcaldesa de Valencia ha declarado en el Tribunal Supremo. Lo ha hecho de forma voluntaria como investigada por un delito de blanqueo de dinero en la supuesta trama de financiación del grupo municipal popular, el conocido como caso Imelsa. A Barberá se le acusa de haber aportado un donativo de 1.000 euros para apoyar la campaña de las elecciones locales de 2015.
Rita Barberá ha reconocido que en su última campaña electoral donó 1.000 euros por transferencia pero ha asegurado que es falso que luego se lo devolvieran con dos billetes de 500 euros, en negro y blanqueando dinero ilícito. Mantiene lo que ya dijo: Que se encargaba de buscar votos, no dinero, lo que se contradice con la conversación telefónica del sumario entre la exconcejal de Cultura de Valencia y su hijo.
La senadora y exalcaldera de Valencia, Rita Barberá, ha declarado por espacio de una hora ante el juez del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido por un presunto delito de blanqueo. La política ha respondido a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía, pero no a las de la acusación popular ejercida por el PSOE. A partir de este momento, el magistrado tendrá que decidir si hay indicios suficientes de la comisión de un delito para continuar con la instrucción del caso. Si así fuera, tendrá que solicitar el suplicatorio al Senado para continuar con el procedimiento judicial. En caso contrario podría dictar el sobreseimiento.
Barberá llegó a la sede del Tribunal Supremo al filo de las 10.00 de la mañana, acompañada por su abogado, José Antonio Choclán. Acudió a la declaración, que prestó de manera voluntaria, a bordo de un taxi. Salió dos horas más tarde escoltada por su representante legal y abandonó el Supremo, también en taxi, sin hacer declaraciones a los periodistas.
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo le interrogó en calidad de investigada dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre.
En el interrogatorio además del fiscal y el abogado defensor de Barberá ha estado presente la representación letrada del PSOE, después de que la Sala de lo Penal del alto tribunal admitiera la personación como acusación popular del partido. Para ello tuvo que depositar una fianza de 3.000 euros que le impuso el instructor.
El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió la investigación a la senadora popular siguiendo el criterio del Ministerio Público y designó como instructor del caso al que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
En esta pieza separada del "caso Imelsa", con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La parte de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.
CAUSA ELEVADA AL SUPREMO DESDE UN JUZGADO DE VALENCIA
La parte de la causa relativa a Barberá llegó al Supremo mediante exposición razonada del l juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, al entender éste que había motivos para proceder a la apertura de investigación para determinar si los hechos atribuidos a Barberá son delictivos.
En su escrito, el magistrado implicaba a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.
Además, apuntaba que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran. Sus explicaciones, no obstante, fueron consideradas "insuficientes" por el juez y no le sirvieron para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
EL PP SE DESMARCA
El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, dijo hoy en el marco del Foro de la Nueva Economía que lo que la senadora Rita Barberá diga este lunes ante el Tribunal Supremo será "a título personal", puesto que la excalcaldesa de Valencia "ya no forma parte" de la formación popular. A este respecto, Casado dijo que la exalcaldesa de Valencia "ya no forma parte del PP, con lo cual ya no valoramos la declaración que pueda hacer a título personal".
Casado hizo esta valoración tras participar en Madrid en el encuentro informativo que Nueva Economía Fórum organizó con el empresario Luis Conde, responsable de Seeliger y Conde, a quien presentó la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
