Ruiz-Gallardón se compromete a estudiar el indulto para seis sindicalistas

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido hoy a estudiar las peticiones de indulto para 3 sentencias de 3 años y un día de prisión a seis sindicalistas por delitos contra los derechos de los trabajadores ocurridos en Pontevedra, Vigo y Granada.

En declaraciones a los medios tras reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el titular de Justicia se ha comprometido a estudiar estos casos "y alguno que se pudiera producir en el futuro" si bien ha dejado claro que el derecho de gracia exige un estudio individual y la política de indultos no puede contemplarse con carácter general "porque no lo permite la Constitución".

El ministro también ha explicado que los líderes sindicales le habían trasladado la preocupación por los efectos de la aplicación estricta del punto tercero del artículo 315 del Código Penal, que castiga a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga.

NIEGA QUE SE PUDIERA TRATAR DE UNA "ACCIÓN CONCERTADA"

En este asunto, los sindicatos han expresado al ministro su inquietud por lo que pudiera ser "una acción concertada" de las fiscalías o una instrucción del fiscal general del Estado y han subrayado la coincidencia en el tiempo de la utilización de una norma que está en el Código Penal desde el año 1995 pero que hasta el momento no se había utilizado.

Ruiz-Gallardón ha negado tajantemente que hubiese algún tipo de instrucción por parte del fiscal general del Estado y ha dicho que aunque la opinión de jueces y fiscales haya resultado coincidente en el tiempo es "fruto de su propia reflexión".

También en un encuentro con los medios, los líderes sindicales han calificado de "receptiva" la actitud del ministro, han considerado que Ruiz-Gallardón había entendido las razones puestas encima de la mesa y han dicho confiar en que ahora los resultados sean positivos.

Además, ambos sindicatos han valorado que el ministro se comprometiese a trasladar su propuesta de revisión normativa del artículo 315 del Código Penal a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

De los tres asuntos, Ruiz-Gallardón ha explicado que en uno de los casos todavía no ha entrado la petición de indulto, "otro sí ha entrado y se ha remitido a solicitud de informe y el tercero, que es el de Vigo, ya están los informes y el Ministerio puede iniciar el estudio del expediente".

Ruiz-Gallardón ha explicado que el estudio de los expedientes lleva entre uno y tres meses y ha incidido en que se estudiarán las causas concretas para ver si existe o no desproporción y si la aplicación estricta del artículo 315 lleva aparejada una pena excesiva.

El ministro ha reconocido que, al menos, en el primero de los casos estudiados no existe violencia contra las personas si bien no ha querido anticipar qué decisión, finalmente, podría adoptar el Consejo de Ministros.

PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Por su parte, CCOO y UGT han entregado al ministro dos documentos que ya había entregado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y que consisten en un informe de situación de 81 casos que afectan a más de 260 sindicalistas por participar en la convocatoria y organización de huelgas.

En este sentido, ambos sindicatos han solicitado al ministro el indulto para los tres casos con sentencia firme y le han pedido que actúe con "ponderación" para evitar la entrada en prisión de esas personas.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, también ha instado al ministro a trabajar para el archivo de las causas pendientes porque la huelga no puede derivar en su tratamiento hacia el Código Penal "ya que generaría una alarma social importante".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, también ha considerado que el ministro es "consciente" de la transcendencia del asunto y de la gravedad de que seis sindicalistas estén a un paso de entrar en prisión por ejercer el derecho a huelga.

Méndez ha dicho confiar en que finalmente no se llegue a las últimas consecuencias y ha recordado que se trata de un presunto delito de coacciones pero sin lesiones ni daños.

Los sindicatos también han planteado una revisión de la Ley General de Seguridad Ciudadana por entender que las sanciones también derivan de la aplicación de esa normativa.