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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a los tres mandos policiales imputados en el caso Faisán por colaboración con banda armada, revelación de secretos y encubrimiento, han informado fuentes jurídicas.

Así lo ha acordado el magistrado, que investiga el chivatazo a ETA en 2006 que alertó a la banda de una operación policial contra su aparato de extorsión, y que ha dictado el procesamiento del exdirector general de la Policía Victor García Hidalgo, el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.

"Los tres policías ahora procesados pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producir", señala el juez Ruz, que atribuye a los procesados un delito de revelación de secretos y otro de encubrimiento o colaboración con organización terrorista, según consta en el auto dictado hoy. En relación a estas dos últimas figuras penales, el magistrado plantea las dos calificaciones alternativas aunque se inclina más por tipificar los hechos como un delito de colaboración con organización terrorista.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional concluye en su resolución que "en el presente momento procesal aparecen motivos bastantes para afirmar que los ahora procesados pudieron cometer delito de revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada".

Ruz ha recabado hasta 12 indicios contra los procesados. En concreto, destaca el conocimiento que tuvieron de la filtración a través de la baliza instalada en el vehículo de Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), presunto enlace del aparato de extorsión de ETA y la persona a la que se dio el "chivatazo".

También ha valorado las declaraciones prestadas por el propio Elosua, tanto ante la policía como en la propia Audiencia Nacional, así como el tráfico de llamadas de los teléfonos móviles entre las 11.10 y las 12.00 horas del 4 de mayo de 2006, momento en el que se sitúa la comisión del chivatazo.

Asimismo, el magistrado pone de manifiesto los cortes registrados en la cintas de vídeo que grabó las inmediaciones del bar Faisán el día que se produjo el soplo.

Esta delación se produjo a través de una persona, presumiblemente el inspector Ballesteros según el auto de Ruz, quien habría entregado a Elosua un teléfono móvil con el que una tercera persona le alertó de la operación policial que iba a llevarse a cabo contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.