Ruz cita a declarar como imputado al gerente del PP en Castilla La Mancha

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado hoy al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, por la presunta percepción de una comisión de 200.000 euros a cambio de una adjudicación a una filial de la empresa Sacyr de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.

Ruz ha adoptado esta decisión en un auto en el que cita a declarar como imputado a Cañas el próximo 6 de noviembre, día en el que también han sido llamados a declarar sobre ese extremo, también como imputados, el ya imputado Luis del Rivero, expresidente de Sacyr-Vallehermoso, y el actual presidente de esa empresa, Manuel Manrique.

En esa misma resolución el juez requiere al PP para que en cinco días aporte toda la información contable sobre la presunta percepción de esa comisión por parte de Cañas, de la que el extesorero Luis Bárcenas aportó un recibí supuestamente firmado por el gerente, por lo que Ruz ordena que se le someta a una pericial caligráfica para contrastar esa rúbrica.

Ordena además recabar del Ayuntamiento de Toledo la remisión del expediente que dio lugar a la concesión a Sufi, el 15 de enero de 2007, de la explotación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte.

Pide asimismo a la Intervención General Administración del Estado (IGAE) un informe pericial sobre la regularidad en la tramitación de esa adjudicación.

Según la declaración de Bárcenas del 15 de julio, que recuerda Ruz en su auto, el extesorero afirmó que entregó en 2007 personalmente a Cañas 200.000 euros provenientes de un donativo en B de la constructora Sacyr al PP para la campaña electoral de la secretaria general del PP y presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

A cambio, se le adjudicó a Sufi, una filial de Sacyr, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Toledo cuando José Manuel Molina era alcalde, donativo del que supuestamente estaba también enterado el actual presidente de las Cortes de esta comunidad, Vicente Tirado, que entonces era secretario general del PP en Castilla-La Mancha.

En concreto, Bárcenas indicó que antes de la entrega del dinero se reunieron él, Del Rivero y Manrique con Tirado, y que este último pidió a los constructores dinero para la campaña electoral de Cospedal.

Finalmente, según el relato de Bárcenas, Cañas como gerente regional del partido fue el receptor de esos 200.000 euros en dos entregas de 100.000, "previa firma de un documento manuscrito, a modo de recibí y con el nombre de José Ángel Cañas, que fue entregado al juzgado por parte de Bárcenas", destaca el auto.

El juez explica que, tal y como informó la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional carece de competencia para citar a Tirado como imputado por ser aforado por razón de su cargo como presidente de las Cortes castellanomanchegas.

Por ello, advierte, practicará cuantas diligencias "se estimen precisas para completar la investigación" al efecto de constatar la realidad o no de los hechos denunciados por Bárcenas, "y en último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada". En caso de observar indicios de delito en la actuación de Tirado, Ruz remitiría la parte de la investigación que pudiera afectarle al órgano competente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Cospedal, por su parte, ya negó la intervención en los hechos relatados por el extesorero cuando declaró ante Ruz como testigo el pasado 14 de agosto.

RECHAZA CITAR A RAJOY POR LOS PAPELES DE BARCENAS PERO CITA A DECLARAR A ALVARO LAPUERTA

Por otra parte el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado citar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la investigación sobre la supuesta contabilidad B en el PP, pero sí ha llamado a declarar al extesorero del partido Álvaro Lapuerta.

En una providencia, el juez rechaza la petición de la acusación ejercida por Adade de citar al presidente del PP, que aparece en los papeles manuscritos del extesorero del partido Luis Bárcenas como receptor de cantidades en metálico, porque asegura que en ella se adivina "un interés cuya legitimidad no puede ser reconocido (...), sin perjuicio de la relevancia o interés extraprocesal" que pueda tener.

Lo mismo opina de la citación como testigos pedida por la misma acusación del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el exministro Jaime Mayor Oreja -que también aparecen en los papeles manuscritos-, y destaca que ya se citó a declarar a otros supuestos perceptores: María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.

El juez ha rechazado en total una veintena de testificales pedidas por varias acusaciones, entre ellas, por "no resultar necesarias", las de Manos Limpias, que reclamó entre otras la declaración de Pedro Arriola, asesor electoral de Rajoy; los exministros Federico Trillo y Jaume Matas; el exdirigente del PP Ángel Acebes y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Ruz también deniega la petición de la acusación ejercida por Izquierda Unida de citar al presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Becaria; a Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, al gerente del PP en Galicia entre 1990 y 1996, Ángel Piñeiro, y al opositor ecuatoguineano y extesorero del PP en el País Vasco Severo Moto, entre otros.

A quien sí ha llamado, el 4 de noviembre, es al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, imputado ya en el caso Bárcenas y que fue recientemente examinado por forenses de la Audiencia Nacional para determinar si estaba en condiciones de declarar ante un juez (ya ha comparecido en la Fiscalía y ante Ruz).

Dichos peritos concluyeron que Lapuerta, que sufrió caídas que le llevaron a estar en coma, no reunía las condiciones para prestar una "declaración judicial compleja", aunque reconocen que su condición ha mejorado desde entonces. Sin embargo, el juez estima que a Lapuerta debe "dársele la posibilidad de ofrecer las explicaciones que en el ejercicio de su derecho de defensa tuviere por oportunas", sobre todo a la vista de las acusaciones que vertió contra él Luis Bárcenas ante el juez y de las pruebas caligráficas que se están haciendo para comprobar si su rúbrica consta en los márgenes de los papeles con la supuesta contabilidad B.

Finalmente, el juez rechaza hacer un registro el domicilio de Bárcenas, que ya fue denegada con anterioridad, así como realizar careos entre Bárcenas y empresarios imputados en la causa: Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr) y José María Mayor Oreja (FCC).