El juez Pablo Ruz ha dictado auto de apertura de juicio oral para 40 imputados por hechos de la primera época de Gürtel (1999 a 2005), entre ellos tres extesoreros del PP, así como para el partido y a la exministra de Sanidad Ana Mato como responsables civiles por lucrase de las actividades de la trama.
Ruz ha dictado esta resolución tras haber rechazado la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los últimos recursos contra su decisión de enviar a juicio a estos 40 imputados al entender que existen "nítidos" indicios contra ellos.
En el auto de apertura de juicio, impone fianzas civiles por un total de 449 millones de euros para 36 de ellos, la más alta para el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien deberá depositar 88 millones en el juzgado, y para el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que tendrá que pagar otros 60 millones.
Bárcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42 años de cárcel por delitos cometidos durante esos años de la trama Gürtel, mientras que Correa se sentará en el banquillo acusado de delitos por los que la Fiscalía le pide 125 años de prisión.
En concreto, el juez, en vista de los escritos de acusación de la Fiscalía y el resto de acusaciones del caso, imputa a Bárcenas los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal, estafa procesal y tráfico de influencias, y a Correa los de prevaricación, fraude, cohecho, falsedad, malversación, estafa, asociación ilícita, delito fiscal, blanqueo y tráfico de influencias.
Todos ellos serán juzgados por la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque la fecha de juicio se demorará varios meses dada la carga de trabajo de ese tribunal y que la causa no conlleva urgencia al no estar ningún procesado en la cárcel (Bárcenas era el único que estaba en prisión y fue excarcelado el pasado 22 de enero).
Además de las fianzas fijadas para Bárcenas y Correa para hacer frente a posibles multas o el pago de responsabilidades civiles en caso de condena, también ha impuesto a la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, el pago de 22 millones, y al considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, otros 49 millones.
El presunto testaferro de Bárcenas, Ivan Yáñez, deberá pagar 23 millones de fianza civil y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, 14 millones. El magistrado les da a todos ellos 10 días de plazo para prestar la fianza.
El juez también abre juicio oral contra el PP, Ana Mato y la exconcejal de Educación de Las Rozas Gemma Matamoros en condición de partícipes a título lucrativo, y fija para ellos fianzas de 245.000, 28.467 y 45.066 euros, respectivamente.
A Mato la incluyó como responsable civil por supuestamente beneficiarse económicamente de la conducta delictiva de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, quien deberá pagar 2,5 millones de fianza civil y que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel.
Lo mismo ocurrió con Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que deberá responder por haber usado el dinero obtenido de manera supuestamente fraudulenta por su marido, para quien el fiscal reclama 50 años de prisión.
El juez archiva la causa respecto a dos imputados, María del Mar Rodríguez, por fallecimiento y Plácido Vázquez por prescripción de los delitos, y a partir de ahora las defensas disponen de 30 días hábiles para formular sus respectivos escritos de defensa, tras lo que se fijará fecha para juicio.
Esta pieza de Gürtel juzgará los hechos cometidos por la trama durante los primeros años y en operaciones que se circunscriben a las Comunidades de Castilla y León, Madrid (Madrid, Pozuelo y Majadahonda) así como la localidad malagueña de Estepona.
Entre los 40 acusados figuran también los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, así como funcionarios y empresarios.
El juez explica que es el auto de apertura de juicio oral, contra el que cabe recurso, el que posibilita que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación, y para ello fija qué órgano es el competente para conocimiento y fallo de la causa, en este caso la sección segunda.
