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La Sala de lo Penal ha determinado que debe ser el juez Eloy Velasco el que se haga cargo de las diligencias abiertas por la convocatoria de la manifestación de este jueves frente al Congreso de los Diputados, una causa abierta a raíz del informe remitido por el Ministerio del Interior al órgano jurídico.

La Sección Tercera de lo Penal, reunida de urgencia, ha resuelto así el conflicto abierto entre los jueces Eloy Velasco y Santiago Pedraz a cuenta de quién era el competente para hacerse cargo de las diligencias.

El auto dictado hoy anula la inhibición decretada por Velasco y señala que la convocatoria de la manifestación es "absolutamente anónima, sin que pueda afirmarse que los convocantes sean los mismos" que en la concentración frente al Congreso del pasado 25 de septiembre.

Velasco había decidido inhibirse y dejar la causa en manos de Pedraz por haber sido este el juez que se encargó de instruir las actuaciones tras la manifestación del 25-S.

La Sala, formada por Fernando Grande-Marlaska, Guillermo Ruiz Polanco y Ramón Sáez Valcárcel, critica además que Velasco haya elevado "a la categoría de certeza afirmaciones policiales o el contenido de una página web".

La Sección Tercera de lo Penal ha estimado con estos argumentos el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la inhibición de Velasco, que había sido rechazada por Pedraz por contener varios errores formales.

INFORME DE INTERIOR

Velasco abrió diligencias previas tras recibir un informe del Ministerio del Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz remitió el informe al órgano jurídico ante la posibilidad de que en la concentración, promovida por la Plataforma ¡en Pie! bajo el lema "Asedia el Congreso", se comentan delitos contra las altas instituciones del Estado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a pesar de decretar la inhibición, pidió al Parlamento que le informase sobre los actos previstos para hoy y preguntó a la Delegación del Congreso si la manifestación está autorizada.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya recurrió la inhibición al entender que la manifestación del 25 de septiembre no es un antecedente que determine la competencia en el caso.

"DECADENCIA POLÍTICA"

El juez Pedraz acabó archivando la causa abierta contra los promotores del 25-S al concluir que no cometieron delito alguno y al enmarcar las protestas dentro del ejercicio de la libertad de expresión frente a "la decadencia de la clase política".

El magistrado destacaba en un auto dictado en octubre pasado que en la concentración del 25 de septiembre "no hubo alteración alguna" del funcionamiento del Congreso de los Diputados y que la sesión "se desarrolló normalmente".

La Policía Nacional había puesto a disposición de la Audiencia Nacional a ocho personas a las que identificó durante la asamblea celebrada el 16 de septiembre en el parque de El Retiro de Madrid y les atribuyó el papel de organizadores de la manifestación.