Sánchez afronta esta semana una tensa sesión de control marcada por el espionaje
- ERC amenaza con poner en jaque la legislatura
El supuesto espionaje a políticos independentistas abre esta semana la primera sesión de control del Congreso tras el parón de la Semana Santa, que volverá a evidenciar la tensión entre los socialista y Unidas Podemos, pero también con aliados como ERC que amenazan con poner en jaque la legislatura.
No obstante Sánchez acude al Congreso tras comprometerse el Ejecutivo este fin de semana a abrir una investigación para esclarecer las denuncias de espionaje -al margen de la que desarrollará el Defensor del Pueblo-, ante los avisos del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de que la confianza "está bajo mínimos".
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La comparecencia también se produce en medio de las peticiones de su socio de Gobierno y de la mayoría de los partidos que apoyaron la investidura de que aclare si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene el sistema israelí de espionaje Pegasus, que solo pueden adquirir los gobiernos.
Y en una semana en la que además necesita los votos de sus aliados parlamentarios para convalidar el decreto de medidas anticrisis derivadas de la guerra en Ucrania.
Preguntas
"¿Piensa el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas?", le preguntará directamente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a Sánchez después de que la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà haya calificado de insuficientes las medidas del Gobierno, al que ha advertido de que "si no se mueve" no habrá más apoyo parlamentario.
Una advertencia a la que se han sumado EH Bildu o el PDeCAT, que urgen depurar responsabilidades, mientras que incluso el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha pedido "rodar cabezas" ante un caso de espionaje que califican como el más grave de la democracia.
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La formación morada, que sí apoya la creación de una comisión de investigación, ha evitado pronunciarse sobre si respaldará la petición de comparecencia de Sánchez y de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que han solicitado los partidos independentistas vascos y catalanes, así como Más País y Compromís.
Aunque Unidas Podemos no ve que la legislatura peligre por estos hechos, el Gobierno afronta un nuevo embate de sus socios prioritarios, incluido el PNV, que apoyará cualquier iniciativa que contribuya a dar luz al asunto así como las mejoras legislativas que contribuyan a evitarlo.
A quién se ha espiado, quién dio la orden, quién lo supervisó, quién lo autorizó y qué se ha hecho con esta información, son los reclamos de los republicanos y de los vascos que centran sus preguntas de control en Margarita Robles.
"¿Qué artículo de qué ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado?", preguntará el portavoz del PNV, Aitor Esteban, a la ministra de Defensa, mientras la Cup querrá saber "qué razones cree que pueden tener los servicios de inteligencia españoles para investigar a la oposición política independentista catalana y vasca" y JxCAT se interesará por si se han tomado medidas para depurar responsabilidades.
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El diputado de Bildu Jon Iñarritu también preguntará al ministro de la Presidencia si tiene constancia de la implicación de algún ministerio o sus órganos en este espionaje.
Incluso desde Ciudadanos, el portavoz adjunto también interrogará a Robles para saber qué actuaciones ha llevado a cabo "en materia de seguridad nacional respecto a la amenaza separatista".
Todo esto mientras, un día antes, en el Senado, Sánchez no tendrá que responder a preguntas sobre la operación Pegasus, ya que el PP centrará su control al Gobierno en temas económicos y los senadores del Partido Regionalista Cántabro y del Partido Aragonesista se interesarán por temas autonómicos, en el caso de Aragón por la conexión ferroviaria con Francia por el túnel de Canfranc.
Y es que en el Congreso, PP y Vox, también pasarán de puntillas por el asunto del espionaje y centrarán sus intervenciones en pedir explicaciones a Sánchez ante una inflación desbocada y una pérdida del poder adquisitivo.
