Sánchez se asegura tras el apoyo del PNV y CC una investidura por mayoría absoluta

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha asegurado tras los acuerdos del PSOE con PNV y Coalición Canaria, una investidura por mayoría absoluta y a la que sólo se opondrán el PP, Vox y UPN.

Después de que esta semana se desbloqueara el pacto con Junts, sólo estaba pendiente que se concretara el respaldo del PNV para que la suma de los escaños a favor superara esa mayoría de 176 escaños.

Finalmente, la rebasará por tres más, hasta los 179, ya que al acuerdo con la formación vasca (rubricado por el propio Sánchez junto al presidente del PNV, Andoni Ortuzar) ha añadido el de la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Este partido había dejado entrever que, como máximo, Sánchez podía aspirar a su abstención, pero finalmente votará a favor "con la cabeza" pero no con el corazón, porque como ha explicado Valido tras la firma del acuerdo, mantienen su rechazo a una ley de amnistía.

Sánchez ha querido simbolizar la importancia que sigue dando a su relación con el PNV protagonizando él mismo la rúbrica de un pacto en el que se garantiza transferir las competencias pendientes al País Vasco antes de dos años y se pacta además abrir una negociación para ampliar el autogobierno en el futuro, con el reconocimiento nacional de Euskadi incluido en ese diálogo.

También se reforzará el papel de la Ertzaintza al asumir la labor policial en el puerto de Bilbao y en la investigación de crímenes medioambientales.

El texto no hace referencia explícita a una transferencia pendiente como la de la Seguridad Social, por lo que no se fija un plazo inmediato para que se haga realidad, aunque desde el PSOE se asegura que se cumplirá en su momento también con ese compromiso. Sí se explicita para Navarra la transferencia competencial del I+D+i y de las becas en un plazo de seis meses.

De momento, el PNV ha acordado el sí a la investidura, y Ortuzar ha explicado que el cumplimento paulatino de lo pactado es lo que tendrá en cuenta su partido para aportar estabilidad a la legislatura y apoyar las iniciativas que vaya presentando el Gobierno de coalición.

Ese cumplimiento será supervisado por una comisión bilateral que tendrá al menos una reunión presencial cada seis meses presidida por el jefe del Gobierno y por el lehendakari.

El acuerdo con Coalición Canaria supondrá, entre otros aspectos, una mejora en las infraestructuras educativas y obras hidráulicas así como modificaciones en la ley de acogida a los menores migrantes no acompañados para que no sea competencia exclusiva de Canarias.

También más dinero para combatir la pobreza, la consolidación de la bonificación del 75% al transporte aéreo para residentes y establecer en los próximos dos años un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos (educación, sanidad y servicios sociales-dependencia).

Una vez culminados los acuerdos, el PSOE hará llegar a los socios de investidura el texto de la ley de amnistía para registrarla posteriormente en el Congreso, se tramite el martes por la Mesa de la cámara y se celebre el pleno de investidura, que a falta de confirmación oficial por parte de la presidenta de la institución, Francina Armengol, se prevé para el 15 y 16 de noviembre.

Ese último día Sánchez sería investido por mayoría absoluta, y la única posibilidad de que se trastoquen sus planes es que los diputados de Podemos decidieran no apoyarle tras la consulta a la militancia que se extenderá hasta el 14 de noviembre.

No prevén fuentes socialistas que eso ocurra, pero si se abstuvieran o votaran en contra, el candidato tendría que esperar a una segunda votación en la que ya le bastaría la mayoría simple del Congreso. En contra de los acuerdos de investidura de Sánchez se han seguido pronunciando tanto el PP como Vox y colectivos judiciales y empresariales.

Pero también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha advertido tras el pacto con Junts: "Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por que se haga una relectura de la Constitución".

Tras esas palabras, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha llamado a los "ciudadanos indignados" a manifestarse y a García-Page a dar esa batalla ya, "porque pasado mañana será tarde".

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de las instituciones europeas "los graves episodios de ataque al Estado de derecho y la separación de poderes" tras el acuerdo con Junts al remitirles los documentos adoptados esta semana que denuncian esta situación.

Además, los jueces decanos y los presidentes de las Audiencias Provinciales de toda España se han sumado al rechazo de las asociaciones judiciales y el CGPJ al pacto con la formación de Carles Puigdemont porque consideran que su contenido podría suponer la "quiebra de la separación de poderes".

Por su parte, el presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado que ese acuerdo es contrario al Estado de Derecho y genera inseguridad jurídica para las empresas.