La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido que todo el mundo respete y colabore con la Justicia y ha subrayado que la vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos que afecten a sus gobernantes.
Sáenz de Santamaría ha contestado de esta forma al ser preguntada por el inicio del juicio contra Artur Mas y sus dos exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La vicepresidenta, que ha mostrado el máximo respeto del Gobierno a la Justicia y que no ha querido hacer comentarios sobre la estrategia de defensa de los acusados, ha reiterado la oferta de diálogo a los dirigentes de Cataluña y ha confiado en que termine imperando "el sentido común".
Del mismo modo, ha mantenido la mano tendida para todo aquel que quiera colaborar y ha indicado que el Gobierno está "abierto" a hablar, partiendo de la premisa de que, para el Ejecutivo, el diálogo "no es una operación", sino "una convicción".
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha recalcado hoy que el expresidente de la Generalitat Artur Mas es juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por incumplir la ley, no por sus ideas.
Casado ha comparecido en conferencia de prensa en la sede del PP tras la reunión del Comité de Dirección del partido presidida por Mariano Rajoy en la que se ha hablado del inicio del juicio a Mas y a sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.
"Hoy se juzga a un dirigente político por haber desobedecido la decisión del Tribunal Constitucional, y tenemos que recordar que nadie está por encima de la ley y no hay ninguna ideología que justifique su incumplimiento", ha recalcado.
El dirigente del PP ha precisado que la misma ley que ampara el derecho de manifestación que ha permitido hoy acompañar a Mas al TSJC es la que ampara la actuación independiente de la Justicia contra Mas y sus dos exconsejeras. Para el PP, esa manifestación "ha sido sobre todo de cargos públicos, ya que la Cataluña real a esa hora estaba trabajando".
EL PSOE PIDE RESPETO A LA LEY
Por su parte, el portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha exigido este lunes a las autoridades catalanas que respeten la ley y, en este contexto, ha recalcado al expresidente catalán Artur Mas que no se enfrenta a la justicia "por sus ideas", sino por "desobedecer" al Tribunal Constitucional. Pero, dicho esto, ha insistido en que par resolver "cualquier proceso político" hay que afrontarlo "desde el diálogo institucional".
En declaraciones en la sede del PSOE en Ferraz, el 'número dos' de la Gestora ha lamentado que la jornada de este lunes "no es un buen día en términos de imagen ni para España, ni para Cataluña, ni para la democracia, ni para sus instituciones", por el "espectáculo" que, ha dicho, se ha visto en torno a la declaración de Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Pero ha recalcado que "tan malo y dañino" es para la imagen del país y de la democracia que "un expresidente tenga que desfilar por los juzgados por desobedecer al Tribunal Constitucional", como lo es "la convocatoria de ciudadanos a las puertas de un tribunal".
ASOCIACIONES DE JUECES LAMENTAN EL INTENTO DE PRESION AL TRIBUNAL
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han lamentado el intento de presión al tribunal con la concentración contra el juicio del expresidente de Cataluña Artur Mas por la consulta independentistas del 9N.
Estas organizaciones judiciales han pedido respeto a la labor de los magistrados y han rechazado que se trate de interferir en su independencia. La sección territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado ante dicha concentración y las expresiones proferidas en la misma.
La APM denuncia "la tergiversación del objeto del juicio, que no es como interesadamente se ha repetido una y otra vez a la democracia ni por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014". Aclara que el Ministerio Fiscal y diversos colectivos dirigen la acusación contra Mas y dos exconselleras "por desobediencia a la decisiones del Tribunal Constitucional y prevaricación administrativa en cuanto a las decisiones adoptadas".
Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha denunciado el "exceso de teatralización" en la concentración de apoyo a los encausados que, a su entender, "no defendían la democracia, sino la desobediencia", mientras el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha arremetido contra las movilizaciones frente al TSJC, que considera "impropias" de una democracia.
En la misma línea, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha tachado de "cobarde" a Mas por negarse a responder a la Fiscalía mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que el juicio del 9N demuestra el "fracaso" tanto de la Generalitat como del Gobierno a la hora de dialogar sobre el futuro.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afeado a Mas que se sienta "más cómodo" hablando sobre el 9N que sobre las investigación del "caso 3%" sobre supuesta financiación ilegal de CDC y el juicio por el expolio del Palau de la Música, que empezará en marzo y en el que CDC figura como responsable a título lucrativo.
