La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que desde que se acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para Cataluña ha habido cada vez más evidencias de la necesidad de recurrir a este mecanismo para hacer frente al "fake" del independentismo. Sáenz de Santamaría ha defendido hoy en el Senado el "rigor, responsabilidad y respeto a la tradición institucional de Cataluña y a la libertad de los catalanes" con que el Gobierno está desarrollando ese artículo constitucional.
Lo ha hecho en su comparecencia ante la comisión del Senado que tramitó el 155 y donde ha mostrado su convencimiento de que se acertó y de que se ha rebajado la tensión y la preocupación.
Según ha explicado, desde que se decidió aplicarlo "han salido a la luz aún más evidencias" de que proteger los derechos de los catalanes era una necesidad ineludible y que "los propósitos independentistas eran un engaño masivo con consecuencias nefastas para el interés general, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos.
Ha acusado a los dirigentes de la Generalitat de haber provocado una situación "insostenible" en Cataluña al tratar de convertir las instituciones de autogobierno de todos los catalanes "en meros instrumentos de su proceso de autodeterminación".
A su juicio, su verdadera hoja de ruta era "romper la convivencia, dividir a los ciudadanos y debilitar a la sociedad, con el objetivo de asumir un poder sin límites y sin control" y, para ello, cree que llegaron a convertir al Parlament "en la trastienda del independentismo más sectario". "Aprobaron leyes en contra de todo y sin ninguna legitimidad. Y renegaron de la autonomía de Cataluña -ha recalcado- para asumir el fanatismo de la independencia". Y ha dicho asimismo que "llevaron ese fanatismo cuasi religioso hasta tal punto que hicieron creer a algunos catalanes que vivían en una república independiente cuando sus gobernantes mismos sabían que era imposible e inviable".
Actuaron así quienes, según ha resaltado, "prometen lo imposible porque no pueden gestionar lo importante".
Tras lamentar el coste en términos económicos y de confianza que todo ello ha tenido, ha advertido de que el independentismo no ha alcanzado ninguna de sus supuestas metas, pero sí ha enfrentado a la sociedad, ha espantado a las empresas y ha ahuyentado las inversiones.
La vicepresidenta se ha preguntado si alguien podía pensar que todo ello no iba a tener responsabilidad alguna y ha defendido la respuesta que supuso el 155. Tras insistir en que se recurrió a ese artículo para volver a la normalidad, ha recordado que el independentismo no tuvo ningún respaldo internacional.
"Parece ser que los únicos respaldos del independentismo eran los que pasaban por caja. No es casualidad que, desde que otros guardan las llaves, algunos guarden silencio", ha comentado antes de considerar que la mayor parte de las supuestas estructuras de Estado eran únicamente "anotaciones de agenda".
También ha reprochado la actitud de Carles Puigdemont al señalar que algunos "mientras aseguraban que estaba más cerca la secesión de España, preparaban sus planes para salir del país".
EL PEOR EPISODIO DE DESLEALTAD A NUESTRA DEMOCRACIA
Por todo ello ha insistido en que el proceso secesionista ha sido "el peor episodio de deslealtad en la historia de nuestra democracia". Deslealtad incluso para con los catalanes que se puedan sentir independentistas porque, ha dicho, "les hicieron creer que era casi una realidad lo que no dejaba de ser una enorme representación, un episodio simbólico, un 'fake' en toda regla"."Un procés -ha reiterado- basado en la postverdad, en el que las falsedades no solo viajaban por la red, sino también en coche oficial".
Sáenz de Santamarúia cree que la Constitución y el Estado de derecho han demostrado su fortaleza ante los dirigentes independentistas que tenían como único punto de su gestión anunciar "la avenida de la República".
Frente a la ausencia de otro tipo de medidas para los ciudadanos, ha recordado que desde que está en vigor el 155 se han celebrado nueve Consejos de Ministros en los que se han aprobado 106 acuerdos.
Al citar las medidas adoptadas en aplicación del 155, ha destacado las que se tomaron en el ámbito de la seguridad y las finanzas y ha reprochado que mientras la Generalitat dedicaba 10 millones de euros a sus delegaciones en el exterior, "se cerraban plantas enteras de hospital".
También ha calificado de "propósito sin pies ni cabeza" el diseño institucional de la supuesta república y que incluía la ley de referéndum y la de transitoriedad, que, para ella, supusieron "el mayor esperpento normativo de la historia de la democracia".
"Lo que hemos hecho es asegurar que la Administración en Cataluña no esté al dictado del ideario independentista, sino al servicio de todos los catalanes. Eso es lo que significa el autogobierno. Lo contrario es -ha puntualizado- autoritarismo y despotismo".
Tras agradecer la lealtad y profesionalidad de la mayoría de funcionarios catalanes, ha asegurado que el Gobierno asumió las tareas de gestión en Cataluña "con sensatez y con sentido común".
Todo ello para recuperar la confianza, la convivencia y el cumplimiento de la legalidad constitucional y estatutaria, y para ir cerrando la "fractura" provocada en la sociedad.
