Santamaría recuerda que fue el PSOE quien inició la reforma de la jurisdicción universal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la reforma de la justicia universal en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, a la que ha dicho: "Ustedes hacen una cosa en el Gobierno, otra en la oposición, no les cree nadie y así están".

Sáenz de Santamaría ha contestado en el Congreso de los Diputados a una pregunta de la portavoz socialista relativa a si va a rectificar el Ejecutivo la ley de jurisdicción universal, que Rodríguez ha calificado de "injustificable chapuza" al estimar que elimina la justicia universal en España. La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que la reforma está en la línea internacional y ha recordado que ya la inició el Gobierno socialista en 2009.

"Falta de jurisdicción no es lo mismo que impunidad y debería saberlo porque cuando se anunció la reforma en el año 2009 en el Ministerio de Asuntos Exteriores usted era la número dos, la secretaria de Estado de Cooperación, y todo lo que me ha dicho hoy dígaselo usted al señor Moratinos -entonces el ministro-", ha subrayado Soraya Sáenz de Santamaría.

Por su parte, Soraya Rodríguez ha indicado que "esta ley es infame en su contenido y vergonzosa en su tramitación" y ha exigido a la vicepresidenta del Gobierno: "Deje de mentir porque al final no le vamos a creer ni en Moncloa, ni en este hemiciclo ni lo que dice chillando por los pasillos del Congreso".

"El otro día cuando le escuché diciendo que se notaba una alegría por las calles pensé que se había cruzado con los cuarenta y tres narcotraficantes liberados por la Audiencia Nacional, que son los únicos que tienen un motivo de alegría por las decisión de su Gobierno", le ha indicado la portavoz socialista a la vicepresidenta del Gobierno.

Rodríguez ha pedido a Sáenz de Santamaría que el Gobierno rectifique antes de que el PSOE vaya al Tribunal Constitucional. Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado que lo que ha hecho esta reforma es clarificar el sistema procesal español para su homologación con lo que hacen otros países del entorno de España como Francia, Alemania e Italia.

Ha añadido que además la reforma se adapta a los tratados y convenios internacionales de los que España es parte, por ejemplo la convención contra la tortura, y del Consejo de Europa sobre la prevención del terrorismo.

La vicepresidenta del Ejecutivo ha indicado que el que inició la reforma de la jurisdicción universal en España fue el Gobierno del PSOE en el año 2009 y "no lo hizo ni siquiera en un proyecto ni en una proposición de ley sino en una enmienda que metieron en una ley ordinaria olvidándose de que el rango era orgánica y sin ninguno de los informes que ahora reclama" el grupo socialista.

Ha recordado que entonces el portavoz de justicia del PSOE, Arcadio Díaz, dijo: "No vamos a decirles a todo el mundo mundial, poniéndonos a todo el universo en el cogote, qué es lo que tienen que hacer". Para la vicepresidenta del Gobierno estas palabras "son la mejor representación" de que el PSOE "hace una cosa en el Gobierno y otra en la oposición" y ha apostillado: "No les cree nadie y así están como están ustedes".

Soraya Rodríguez ha mantenido que la reforma "es infame en el contenido porque garantiza la impunidad de los autores de los peores crímenes y de violaciones de derechos humanos y abandona a las víctimas españolas que hasta ahora sí tenían el derecho y la esperanza de que se pudiera hacer justicia".

Ha estimado que "además daña la reputación de España porque abandona el principio de defensa de derechos humanos que compete a todo demócrata". Asimismo, ha sostenido que "es vergonzosa en su tramitación pues el Gobierno se negó a presentar un proyecto de ley y cedió la autoría al grupo parlamentario".

La portavoz socialista considera que lo hizo "para que el Consejo General del Poder Judicial no emitiera informe y dijera lo que les han dicho los jueces que tienen que aplicarla, que es una ley ilógica, una chapuza, contraria a los convenios internacionales firmados por España e inconstitucional".