Sare cifra en 166 los presos de ETA encarcelados, la mayoría en Euskadi y Navarra

La red de apoyo a los presos de ETA Sare ha cifrado en 166 el número de etarras condenados que continúan en las cárceles, de los que 145 están en prisiones vascas, 7 en la navarra y 13 en Francia, mientras que 1 continúa ingresado en un centro penitenciario de otra provincia española por decisión propia.

Estos datos han sido dados a conocer este viernes en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en Vitoria por los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe para informar de la situación de estos presos una vez que ha concluido la política penitenciaria de dispersión con el traslado de los etarras a cárceles próximas a sus lugares de origen.

Ambos han informado concretamente de la situación en Euskadi, comunidad que tiene competencias en materia penitenciaria, y han señalado que desde agosto de 2022 hasta hoy el Gobierno Vasco ha concedido 24 progresiones al tercer grado, de las que 16 han sido recurridas por el Ministerio Fiscal, a falta de conocer la decisión que se adopta sobre otras dos.

De esos 16 recursos, el juez de vigilancia penitenciaria ha aceptado 6, por lo que estos presos han tenido que regresar a prisión, y ha confirmado el tercer grado para otros 6, mientras que un caso ha quedado sin resolver al finalizar la condena del preso y otros 3 se encuentran pendientes de decisión.

Azkarraga ha denunciado que, a pesar de que ETA no existe, continúen estas prácticas judiciales de recursos contra los terceros grados para presos etarras en un porcentaje muy superior a las que se producen con otros internos. La legislación "de excepción", ha lamentado, se sigue aplicando por parte de los órganos judiciales españoles.

Ha recordado que dicha legislación fue aprobada hace más de 20 años para la lucha antiterrorista y ahora no tiene sentido y deja de lado los principios constitucionales de "resocialización, reeducación y reinserción social".

El portavoz de Sare ha insistido en que esta asociación no defiende ni la "impunidad" ni las "amnistías camufladas" para estos presos, sino que quiere el "fin de la excepcionalidad", algo que es compatible con "el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias".