Societat Civil Catalana denuncia a Yolanda Díaz por "negociar asuntos de Estado con un prófugo de la justicia"

Societat Civil Catalana ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, por "negociar asuntos de Estado con un prófugo de la justicia", ha informado este viernes en un comunicado.

En la denuncia, la entidad ha acusado a Díaz de un delito de "omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público" por la reunión que mantuvo el pasado lunes en Bruselas con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La entidad ha argumentado que la vicepresidencia es un cargo del que Díaz --textualmente-- no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, y ha sostenido que "trató asuntos de estado con un prófugo de la justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez".

"Prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no ha sido cesada de su cargo", ha asegurado SCC, que ha afirmado que, a su juicio, si el Ejecutivo desconocía el encuentro la reacción lógica habría sido cesarla.

De esta manera, ha procedido penalmente contra Díaz en base al artículo 408 del Código Penal que recoge que la autoridad o funcionario que deje "intencionadamente de promover la persecución de los delitos" incurrirá en una pena de inhabilitación de seis a dos años.

"ATENTA CONTRA EL INTERÉS GENERAL"

Societat Civil Catalana también ha expuesto en la denuncia que si bien es cierto que hasta ahora el tipo penal recogido en el artículo 408 del Código Penal se ha aplicado a funcionarios o autoridades cuya obligación directa era perseguir delitos, "la conducta omisiva de la Sra. Díaz también tiene un perfecto encaje en este tipo penal".

"La conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes", ha concluido la entidad.

Asimismo, ha afirmado que "que una vicepresidenta se reúna con alguien reclamado por la justicia es algo inaudito y supone una evidente deslegitimación de las instituciones del Estado".