La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que la Fiscalía debe tener en cuenta que los asaltos a los supermercados andaluces en los que está implicado el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, son un "robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres".
Becerril, que tomó posesión de su cargo el pasado 23 de julio, analiza la situación de los ciudadanos ante la crisis económica y por los ajustes en materia de sanidad y educación, y se muestra contundente ante las administraciones que no respondan a las recomendaciones de la institución.
"Si alguna institución se hace un poco la remolona nos queda una instancia que yo, personalmente, voy a utilizar, que es acudir al Fiscal General del Estado para poner en conocimiento que una determinada administración no responde", asevera.
Anticipa que, como alcaldesa que fue, tiene "mucha tendencia a la calle" y asegura que visitará por sorpresa, tal y como ya ha hecho, distintas instalaciones como centros de menores, de extranjeros o urgencias hospitalarias, para supervisar su funcionamiento.
La Defensora opina que las situaciones económicas graves que viven muchas familias "deben atenderse siempre conforme a la ley", porque salirse de la misma "es producir un caos, un mal, es un daño", en referencia a las actuaciones de Sánchez Gordillo, diputado andaluz de IU y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
Becerril reconoce que le impresionaron "las imágenes de la violencia hacia las chicas que estaban en las cajas del supermercado, que fueron violentadas y agredidas físicamente".
"Yo creo que si hubiera habido ahí un cajero de 1,90 (de altura) y de 80 ó 90 kilos no hubieran actuado así, pero a esas pobres chicas las han maltratado y espero que el fiscal lo tenga en cuenta", subraya.
A su juicio, la ley debe aplicarse al parlamentario andaluz como "a cualquier otro ciudadano; es un robo y muy mal ejemplo", insiste.
La Defensora se muestra cauta a la hora de opinar sobre las últimas reformas legislativas del Gobierno y de los ajustes llevados a cabo pero advierte de que actuará si percibe que las administraciones infringen "determinados derechos de las personas".
En materia sanitaria, destaca que vigilará "que en ningún caso ante una emergencia o situación límite" queden desamparados los inmigrantes en situación irregular, al igual que los enfermos crónicos y aquellos que carezcan de medios para trasladarse al centro médico y recibir un tratamiento.
Así, relata Becerril, se lo ha trasladado al Ministerio de Sanidad en una recomendación, tras la aprobación del decreto-ley que reforma el Sistema Nacional de Salud.
Respecto a la reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Justicia, indica que es "una materia muy delicada" por lo que aconseja "prudencia, prudencia, prudencia".
Aunque es consciente de que no puede forzar a las entidades bancarias a tomar medidas sobre los desahucios, Becerril plantea la necesidad de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para las familias.
"Es un momento en el que las administraciones tenemos que ser sensibles a las circunstancias pero también las instituciones de carácter privado tienen que ser sensibles adoptando medidas como el recorte de los altos directivos", estima la Defensora del Pueblo.
Sobre el desempleo, plantea que la institución puede indicar a las administraciones "caminos que faciliten" la creación de puestos de trabajo, como la supresión de la burocracia para, por ejemplo, abrir un negocio.
En este sentido, también hace referencia a la necesidad de homogeneizar normas y leyes, y pone como ejemplo la "maraña" legislativa en materia medioambiental. "Lo que vale para una comunidad no vale para otra", lo que provoca la "desesperación de los ciudadanos", que no saben lo que tienen que hacer.
También es partidaria de reducir las administraciones públicas "dentro de lo posible, que es mucho": "tenemos demasiadas instituciones, demasiados tribunales de cuentas, consejos audiovisuales, observatorios de todo tipo, demasiadas defensorías de mayores, de menores", opina Becerril.
Muestra su preocupación por los incendios y plantea que sería aconsejable, "en determinadas áreas y, sobre todo, en zonas muy distantes de la península, tener un refuerzo permanente de medios por parte de la Administración General del Estado".
Asimismo, estima que debería ser prioritario la seguridad vial, en concreto, los puntos negros de las carreteras, "por delante de otras muchas inversiones en materia de infraestructuras".
Becerril, que fue la primera ministra de la Democracia, augura que la igualdad de género real y efectiva llegará "dentro de poco tiempo", pero reconoce que "requiere tiempo".
