Solo el 8'5% de los 2.791 presos por delitos sexuales siguen programas terapeúticos

Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales y solo 230 de ellos (poco más del 8 por ciento) participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia.

"El principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida en que esto no se consiga, el sistema fracasa", dice en una entrevista con EFE el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Pese a hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel dos meses antes, el secretario general considera que la institución penitenciaria española está internacionalmente "bien valorada", pero hay margen de mejora.

FALTAN MEDIOS

Y puede hacerse, según Ortiz, insistiendo en los programas de tratamiento; en una mayor dotación de personal especializado, que ahora es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a esos programas.

Los últimos datos disponibles cifran en 69 por ciento el porcentaje de reclusos que no vuelven a delinquir, pero todavía hay un 31 por ciento de "perfiles de difícil reinserción".

"Uno de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada"

Y sobre los que se tiene "casi toda la seguridad de que al salir van a seguir delinquiendo", el máximo responsable de Prisiones defiende la aplicación de la libertad vigilada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que establece once posibilidades de control para este tipo de presos.

"Uno de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada", pero para ello se necesitan los "recursos necesarios" y que se despejen las dudas sobre la administración competente en la aplicación de cada medida de control, enfatiza.

"Los internos por violencia de género, que ascienden a 3.927, de los que 496 participan en programas de tratamiento"

Ortiz se refiere también en la entrevista a EFE a los internos por violencia de género, que ascienden a 3.927, de los que 496 (en torno al 13 por ciento) participan de forma voluntaria en programas de tratamiento. A ellos se suman las 4.000 personas con condenas muy cortas que no llegan a entrar en prisión al someterse a cambio a estas terapias.

DEMANDAN MAS PROFESIONALES

Prisiones demanda más profesionales también en este ámbito y está firmando convenios con ayuntamientos, como el de Madrid, para que aporte psicólogos a estos programas. Además, Instituciones Penitenciarias negocia más dotaciones con la delegación de Gobierno para la Violencia de Género.

"Se trata de que todos los condenados puedan hacer estos programas", señala Ortiz, quien avanza que su departamento trabaja en la creación de un "microprograma" más flexible para que los condenados con penas cortas -muchas de seis meses por quebrantamiento de la orden de alejamiento- se acojan, ya que las terapias actuales tienen una duración de un año.

POTENCIAR EL TERCER GRADO

Quiere Ortiz también potenciar la concesión de terceros grados o régimen de semilibertad, con los controles necesarios a estos presos. Con ello, España pretende acercarse a los países de su entorno e, incluso a Cataluña, que tiene transferidas las Prisiones.

Mientras que en los centros dependientes de la Administración central los reclusos en tercer grado representan el 16 por ciento del total, en Cataluña se elevan al 22 % y en algunos países europeos superan el 25 %.

"España es el tercer país de Europa con la mayor estancia media en prisión, a pesar de contar con un más bajo índice de criminalidad"

Lamenta Ortiz que España sea el tercer país de Europa con la mayor estancia media en prisión, a pesar de contar con un más bajo índice de criminalidad, y recuerda que el sistema penal español es de los más rigurosos y con penas que pueden llegar hasta los 40 años.

Aun así, la población penitenciaria ha disminuido en los últimos diez años y ha pasado de los 63.000 presos en 2008 a 50.600 en la actualidad, lo que ha permitido que, a pesar de la reducción de la plantilla de funcionarios, la ratio haya bajado de un trabajador por cada 5,6 internos a 4,3.