El Supremo anula el canon digital de 2012 que invalidó Luxemburgo

El Supremo ha anulado el canon digital aprobado el gobierno en 2012 que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares. El fallo se produce en ejecución del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que el pasado mes de junio consideró inválido este sistema.

El Supremo ya había considerado que de acuerdo a la legislación española no cabían reproches al sistema ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Solo se suscitaban dudas "en torno a un problema de derecho de la Unión Europea", según expone la sentencia de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, conocida hoy. Por esa razón elevó el Supremo una cuestión prejudicial al Tribunal De Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo con dos preguntas.

La primera consultaba si es conforme a la legislación europea que la compensación se pague a partir de una estimación del prejuicio causado y con cargo a los presupuestos pero "sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas".

La segunda consultaba si la normativa europea asume que, una vez aceptado lo anterior, la cantidad que se haya estimado conveniente pagar "deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio".

Luxemburgo respondió negativamente a la primera de las preguntas formuladas por la sala y, en cuanto a la segunda, consideró que no procede darle respuesta, al haber rechazado de plano todo el sistema.

El Supremo ha ejecutado ahora ese fallo en una sentencia que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y, en su virtud, anula el Real Decreto 1657/2012.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2012 en España, dictada por el Gobierno liderado por Mariano Rajoy, sustituyó al canon anterior que había fijado el PSOE, y estipuló que la compensación por copia privada se sufragase con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Las citadas sociedades consideraban que la norma era contraria a la legislación europea, por costear la compensación con el presupuesto estatal, en lugar de exigir que sea el usuario de la copia privada quien la pague. El Supremo anula la normativa en su conjunto y no entra en otras reclamaciones subsidiarias.

Cuando el TJUE dictaminó que el decreto de 2012 "no asegura que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas", el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respondió que esperaría a que el Supremo se pronunciase.

Lo cierto es que una vez era conocido el dictamen negativo de Luxemburgo, el sentido del fallo del Supremo estaba ya claro.

EL GOBIERNO ANUNCIA QUE APROBARÁ UN SISTEMA ALTERNATIVO TRAS LA ANULACIÓN DEL CANON DIGITAL

El Gobierno aprobará un "sistema alternativo que satisfaga la jurisprudencia europea y la española" tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo, del decreto que reguló el pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la compensación a autores por las copias privadas de sus obras. Así lo ha indicado hoy tras la reunión del Consejo de Ministros el titular de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, quien, según sus palabras, ha recibido esta misma mañana el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.

Este ha declarado "nulo" e "inaplicable" el real decreto 1657/2012 sobre el denominado canon digital, tras estimar parcialmente el recurso que interpusieron en febrero de 2013 tres entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (Egeda, Dama y Vegap). Estas entidades consideraban que la norma era contraria a la legislación europea, por costear la compensación con el presupuesto estatal, en lugar de exigir que sea el usuario de la copia privada quien la pague.

"La regulación en España del mismo fue provisional, transitoria, a la espera de que en la UE hubiese una directiva clara", ha argumentado el ministro sobre esta norma aprobada en 2012 por el anterior Gobierno, también del PP. El pasado mes de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó el canon digital al estimar que colisionaba con la directiva comunitaria sobre derechos de autor.

El Gobierno en funciones señaló, a través de una nota del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que esperaría a que el Supremo se pronunciase para determinar los efectos en el "ordenamiento interno" de la sentencia de la UE y para adoptar las medidas que, en su caso, resultasen "necesarias". "Ahora vamos a estudiar con detenimiento (el fallo) y vamos a aprobar un sistema alternativo que satisfaga la jurisprudencia europea y la española", ha indicado Méndez de Vigo.