La Sala de lo Civil del Supremo ha decidido admitir a trámite una demanda de paternidad presentada contra el Rey Juan Carlos de Borbón ante este tribunal por una mujer de nacionalidad belga, Ingrid Sartieau. Los doce magistrados de la Sala Civil del alto tribunal se han reunido esta mañana en pleno para decidir sobre dos demandas de paternidad relativas al Rey Juan Carlos y han decidido admitir una de ellas.
Se trata de la presentada por la ciudadana belga Ingrid Sartiau, quien reclama ser hija de don Juan Carlos. Los magistrados que integran la Sala de lo Civil entienden que concurren los requisitos legales para admitir a trámite su reclamación, aunque esta decisión no supone adelantar resolución alguna sobre el fondo del asunto.
La decisión implica, eso sí, que se celebrará una vista pública en los próximos meses con toda probabilidad, la cual podrá ser o no a puerta cerrada, e incluir o no el interrogatorio al afectado.
PRUEBA DE ADN
Además, en la propia demanda se incluye una petición de prueba de ADN, prueba que la Sala deberá decidir ahora si acepta o no. El propio afectado, don Juan Carlos, podría a su vez negarse a que se le practique esa prueba de ADN. La negativa al test ADN, de producirse, podría tener consecuencias que valoraría la sala junto a otras pruebas en función de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De momento la primera diligencia que se va a producir es dar traslado a las partes, incluido el propio Rey, a quien se emplazará para que conteste a la demanda en un plazo de veinte días hábiles. En caso de que se oponga a la demanda, el siguiente paso será la celebración o no de pruebas (en especial la de ADN) y, luego, un juicio ante el pleno de la Sala de lo Civil.
Don Juan Carlos podría o no estar obligado a estar presente en la vista, porque la demandante podría pedir que acudiera y fuera interrogado. Es práctica común en los juzgados, según el artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por respeto a la vida privada de las partes este tipo de vistas sea a puerta cerrada.
En suma: la sala dará ahora traslado a las partes, incluido don Juan Carlos, quien aceptará o no la demanda; luego decidirá si se practican pruebas (ADN) y las llevará a cabo en su caso; y finalmente celebrará vista pública, en la que podría estar obligado a comparecer el propio Rey y de la que saldrá una resolución.
OTRA DEMANDA
Además de la ciudadana belga Ingrid Sartiau también reclamó ser hijo del Rey el ciudadano español Alert Solá, pero en el caso de este hombre la Sala Civil del Supremo no ha admitido a trámite el asunto.
El Rey Juan Carlos es aforado ante el Supremo desde el pasado mes de julio, cuando el Parlamento aprobó la reforma legal para incluirle -solo pueden ser juzgados por este tribunal- junto a la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias. Las demandas fueron rechazadas por juezas de primera instancia ante la inviolabilidad de la figura del monarca establecida por la Constitución y ante el vacío legal que pretendió subsanar la reforma citada.
El presidente de la Sala de lo Civil del tribunal, Francisco Marín Castán, decidió llevar el asunto a pleno y la Sala consultó a las partes, es decir, al fiscal y a los demandantes. El fiscal ante el Supremo se pronunció el pasado mes de noviembre en contra de que el alto tribunal admitiera a trámite las demandas, pues consideraba que no son acordes al principio de prueba que exige la Ley de Enjuiciamiento Civil para estos casos.
El artículo 767.1 de la citada norma prevé que "en ningún caso se admita la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en los que se funde".
ZARZUELA EXPRESA RESPETO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La Casa Real ha expresado esta mañana a través de un portavoz su "respeto a la independencia del Poder Judicial" tras conocer la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que ha admitido a trámite la demanda de paternidad presentada por la belga Ingrid Sartiau contra el Rey don Juan Carlos.
Los doce magistrados de la Sala Primera se han reunido en una sesión plenaria teniendo encima de la mesa dos demandas junto a los informes de la Fiscalía contrarios a su tramitación al considerar que no se acompañan del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por el contrario, han rechazado admitir la demanda del español Alberto Solá, que decía que la inviolabilidad del Rey no afecta a las conductas privadas que realizó cuando no era jefe de Estado.
