Empieza la cuenta atrás para que Manuel Chaves y José Antonio Griñán den explicaciones por el caso de los EREs. Y es que arranca en el Tribunal Supremo la investigación contra los dos expresidentes andaluces y lo hace este viernes con la comparecencia de los funcionarios de la Intervención General del Estado que elaboraron los informes periciales para la juez Alaya.
Un caso que continúa más abierto que nunca tras la acusación masiva más numerosa ordenada hasta la fecha por la juez. Un atestado de la Guardia Civil asegura que el exconsejero andaluz de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera facilitó la concentración de forma "desmesurada" de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a las que se destinaron subvenciones por 56 millones de euros.
En el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso Efe y que ha utilizado la juez Mercedes Alaya para ampliar las imputaciones en el caso de los ERE a 34 personas más, los agentes aseguran que Viera otorgó ayudas de 32.670.702 euros a un grupo de empresas de la Sierra Norte, en el que trabajaba su hija Sonia.
Viera será investigado por el Tribunal Supremo por su actuación en los ERE tras la exposición razonada que la juez Alaya le envió el verano pasado por la presencia de aforados andaluces señalados en la causa, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
"Llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla", subraya la Guardia Civil, que atribuye esa concentración de fondos a "afinidades políticas".
En el atestado, la UCO afirma que los exconsejeros andaluces Viera y Antonio Fernández, así como otros diez altos cargos de la Junta, conocían las "importantes irregularidades" en las ayudas, que se otorgaban por "afinidad política" y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal".
La Guardia Civil señala la "participación esencial" que tuvieron los exconsejeros Viera y Fernández, así como el exconsejero Francisco Vallejo cuando era presidente de la agencia andaluza IDEA. Nuevo capítulo en el caso de los EREs y la todavía abierta 'operación Edu' de los cursos de formación, que suceden días antes de que arranque la campaña electoral en Andalucía.
SUSANA DIAZ DICE QUE LA JUSTICIA TIENE QUE CRUJIR AL QUE SE HAYA LLEVADO DINERO PUBLICO
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en que, mediante la acción de la Justicia, "tienen que crujir" a todo aquel que se haya llevado dinero público, porque, según ha subrayado, "no podemos permitir que no haya limpieza en la vida pública".
Susana Díaz, quien ha visitado en Puente Genil las instalaciones de la empresa Tamesur, se ha referido así a la operación 'Edu Costa', que investiga presunta falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social en relación a subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011.
A este respecto, ha dicho que ella mantendrá "siempre el respeto a la Justicia" y que desde la Junta van a colaborar con la Justicia y con la Policía "para que cuanto antes pague hasta el último euro" quien "se haya aprovechado de lo que es de todos", añadiendo que "lo tienen que crujir cuanto antes, pues no podemos permitir que no haya limpieza en la vida pública, y todos debemos colaborar para esa limpieza en la vida pública", la cual "merecen los ciudadanos".
En este sentido, la presidenta de la Junta ha dicho no tener "ninguna duda" y ha reiterado que la Administración autonómica va a "colaborar" para que incluso "el que se haya llevado un euro de lo público lo devuelva y quien lo haya hecho que lo crujan cuanto antes".
En cuanto a las nuevas imputaciones hechas por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE, Susana Díaz ha dicho que no va a opinar sobre ello, pero sí que ha pedido "celeridad, para que los ciudadanos vean que esa celeridad significa que hay justicia y que la Justicia es rápida, que esa es una de las asignaturas que tenemos pendientes en este país, que la Justicia sea rápida, que no se tarden 15 años", para que "el que lo haga, lo pague" y "cuanto antes".
