Todos o casi todos los pasos están prácticamente ultimados para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, afronte el inminente y previsible adelanto electoral para el 22 de marzo, que pondrá fin a la novena legislatura andaluza y al Gobierno de coalición PSOE-IU.
Un pleno extraordinario, de urgencia, en el Parlamento autonómico este lunes y la celebración a continuación de un Consejo de Gobierno también extraordinario cerrarán un periodo en la Junta que arrancó en marzo del 2012 con un pacto de izquierdas para evitar que gobernara el PP, el vencedor de las elecciones, y concluirá mañana con la desconfianza y el desencuentro instalados desde hace días entre los actores principales de ese pacto.
"Es el momento de dar la voz a la gente. El único tren que voy a coger es el de Andalucía". Con estas dos frases, aunque sin decirlo, la dirigente socialista ha despejado en un mitin este fin de semana dos de las incógnitas que más tiempo han ocupado a los periodistas en las ultimas semanas y meses: Habrá elecciones anticipadas y no aspirará a las primarias del PSOE federal.
La presidenta tiene de plazo hasta el próximo martes para convocar de forma anticipada las elecciones autonómicas y poder celebrarlas el 22 de marzo. Aunque Díaz sigue sin desvelar como llevará a cabo la eventual ruptura del acuerdo del Gobierno de coalición.
Los tres consejeros de IU -Diego Valderas (Vicepresidencia), Rafael Rodríguez (Turismo y Comercio) y Elena Cortés (Fomento y Vivienda)- tienen previsto seguir en sus cargos hasta las celebración de las elecciones salvo que la presidenta Susana Díaz decida romper el pacto de gobierno y destituirlos.
Antonio Maíllo, coordinador andaluz de IU, ha dejado claro que se opone a una "ruptura pactada" al no ver razones objetivas para convocar los comicios.
La ruptura unilateral acabaría con la inestabilidad y desconfianza entre los socios pregonada por Díaz y creada, según ella, a raíz de la decisión de IU de convocar una consulta en junio entre los militantes para decidir sobre su continuidad en el gobierno.
Antes, la presidenta tendrá que acudir al Parlamento autónomo que celebra mañana (11.00 horas) pleno extraordinario para debatir el "colapso" de las urgencias de los hospitales andaluces, la renovación parcial de la Cámara de Cuentas, pactada entre socialistas y populares, y cambios en la Diputación Permanente -órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara-, una renovación que debe producirse por asentimiento.
La polémica puede estar servida si el PSOE-A decide finalmente incluir en la Diputación Permanente a tres de los cuatro aforados autonómicos señalados por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos.
Se trata de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, ya que el cuarto, Manuel Recio, es vocal suplente de este órgano.
De confirmase los cambios, estos tres diputados continuarían aforados hasta la constitución del próximo Parlamento andaluz.
En caso de que no fueran incluidos en la Diputación Permanente, la juez Alaya podría citarlos a declarar en cualquier momento, incluida la campaña electoral.
El PP e IU "no quieren ni pensar" en la posibilidad de que el PSOE proponga incluir a los tres exconsejeros y apuntan que sería usar la Diputación Permanente "forma torticera".
No menos polémica será la renovación de la Cámara de Cuentas, ya que IU, que rechaza frontalmente los cambios propuestos por el PSOE y PP, amenaza con acudir a los tribunales por una posible "vulneración" de la ley.
Además, critica que este pacto garantice al PSOE y PP su presencia en esta institución hasta el 2017 y con un proceso electoral a dos meses vista.
