Hoy acaba el plazo para que los ayuntamientos remitan al Ministerio de Hacienda la relación de la deuda que tienen pendiente con los proveedores, paso previo para poder acceder al plan de ayudas del Gobierno que les permitirá hacer frente a las facturas pendientes. Aún no se conoce el montante total que los municipios declararán a Hacienda como deuda con los proveedores, aunque el Gobierno pondrá a su disposición unos 18.000 millones de los 35.000 que prevé el plan para acabar con la morosidad de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Según las condiciones que se han acordado, las administraciones locales y autonómicas podrán acceder a créditos a diez años, con dos de carencia, y a un tipo de interés accesible, según dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Para los ayuntamientos, el calendario para conseguir esos créditos comienza mañana con la finalización del plazo para remitir la relación de facturas.
Las condiciones es que éstas sean vencidas, líquidas y exigibles; que esté registrada antes del 1 de enero de este año y que se trate de obras, servicios, suministros o gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión. Si los ayuntamientos quieren beneficiarse del plan, antes del 31 de marzo deberán aprobar un plan de ajuste, que será remitido al Ministerio de Hacienda al día siguiente de que sea aprobado por el pleno municipal.
Hacienda realizará un estudio del mismo y si el resultado es favorable, el ayuntamiento podrá solicitar el préstamo correspondiente. Para ayudar a los ayuntamientos a elaborar ese plan de ajuste, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha abierto una oficina de atención a las entidades locales integrada por miembros de las áreas económica y jurídica de esta organización.
Además, según han dicho fuentes de la FEMP, esta federación ha recibido más de cien consultas de todo tipo por parte de los ayuntamientos para conocer todos los detalles del plan y poder acceder al mismo.
EL CONGRESO APRUEBA EL CAMBIO LEGAL QUE PERMITIRÁ PAGAR A PROVEEDORES DE LAS COMUNIDADES
El pleno del Congreso ha dado precisamente este jueves el visto bueno con mayoría absoluta al proyecto de ley orgánica que modifica la ley general de estabilidad presupuestaria para que el Estado pueda pagar a los proveedores de las comunidades autónomas. El proyecto de ley aprobado hoy consta de un artículo único que excluye del ámbito de aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria los mecanismos de financiación habilitados por el Estado en 2012 para abonar la deuda pendiente de las comunidades autónomas a sus proveedores.
Este cambio normativo era necesario porque la mencionada ley establece en su disposición adicional que el Estado no puede asumir ni responder de las deudas contraídas por las comunidades autónomas y los entes vinculados o dependientes de ellas, lo que impedía la puesta en marcha del plan de pago a sus acreedores. Una vez sorteado esta limitación legal -que afecta sólo a las comunidades autónomas, no a los ayuntamientos-, el Estado podrá garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago anteriores al 1 de enero de 2012 y facilitar la financiación de esas operaciones de forma puntual y extraordinaria.
El plan de pagos del Gobierno -convalidado la semana pasada por el Congreso- establece un préstamo de unos 35.000 millones de euros a diez años, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5 %, de los que 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades.
Los ayuntamientos tienen hasta hoy de plazo para enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las facturas pendientes, aunque antes de que sean pagadas tendrán que presentar también un plan de viabilidad, para lo que tienen quince días más.
