The Economist’ señala que "la presión partidista" envenena las instituciones en España
- Considera que “algunas de las medidas de Sánchez” hacen que “la confianza en la democracia se resienta”
- Las compara con los “primeros días del retroceso polaco”
La revista británica ‘The Economist’ considera que “algunas de las medidas” del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hacen que “la confianza de los españoles en su democracia se resienta” y compara esas medidas con “los primeros días del retroceso polaco”.
Así se recoge en un artículo con el título ‘Las instituciones españolas se están quejando de la presión partidista’, en el que critica que “el principal de los favores ofrecidos” tras las elecciones de julio “fue una amnistía para los partidarios del referéndum de independencia ilegal celebrado en Cataluña en 2017”.
“El Partido Socialista de Pedro Sánchez quedó segundo en las elecciones de julio, pero reunió a un grupo heterogéneo de partidos para apoyarlo”, explica el semanario británico, a lo que añade que “en un país bien gobernado” no es “una cuestión partidista” quien dirige “la agencia de estadística o los tribunales”.
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Sin embargo, denuncia que en España “las funciones básicas del Gobierno y, especialmente la confianza en el poder judicial” están siendo “envenenadas” por la política. Además, defiende que “la izquierda, la derecha y los movimientos separatistas” están jugando un papel y señala que “la polarización” ha llevado a las partes a “buscar ventajas siempre que puedan”.
El texto se centra en la ley de amnistía y asegura que será impugnada “ante el Tribunal Constitucional cuando se apruebe”. No obstante, lamenta que Sánchez “ha inclinando ese Tribunal” hacia una “mayoría comprensiva” al nombrar a “dos jueces de tendencia izquierdista” y a un presidente procedente del “Gobierno socialista anterior”.
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Con ello, recoge que la mayoría de los expertos espera que el TC “apruebe la amnistía, aunque algunas partes podrían anularse”. Mientras, para los críticos “es un acuerdo entre los socialistas y Junts” con el objetivo de “crear comisiones parlamentarias para investigar el ‘lawfare’”, es decir, “el uso de procesos penales con fines políticos”.
“SOCAVAR LA SEPARACIÓN DE PODERES”
El texto recoge que “para muchos el ‘lawfare’ parece socavar la separación de poderes”, ya que “los legisladores desestiman los procesamientos que no les gustan”. En esa línea, el artículo se refiere a unas declaraciones de Sánchez a corresponsales extranjeros el 5 de diciembre en las que el presidente del Ejecutivo “descartó esa idea” y “argumentó que el principal ejemplo” de ‘lawfare’ es el “secuestro” del Consejo General del Poder Judicial.
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Sobre este asunto, ‘The Economist’ reprocha que “desde que Sánchez asumió el poder en 2018” el PP “pidió de manera oportunista cambios en la forma de nombrar a los jueces y se negó a renovar el mandato del Consejo, que expiró hace cinco años”. Ahora, reconoce que Sánchez “ha pagado a sus oponentes con la misma moneda”, dado que “ha colocado a fieles socialistas en puestos no políticos en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto Nacional de Estadística y la agencia de noticias EFE”.
“ACCIONES QUE ENFURECEN A LOS VOTANTES”
Por otro lado, el artículo recurre a unas opiniones del columnista del periódico 'El País' Víctor Lapuente que afirma que Sánchez “debería abstenerse de acciones que, aunque legales, enfurecen a sus votantes y socavan la confianza en el sistema”.
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A su vez, destaca que “sus oponentes han socavado sus argumentos con un lenguaje incendiario” y afea las declaraciones del líder de Vox, “un partido muy a la derecha del PP”, en las que dijo que “recientemente el pueblo querrá colgar a Sánchez de los pies”. El artículo se posiciona en contra de esas palabras y rescata las palabras de Camino Mortera-Martínez, que define como crítica con la amnistía y el "socavamiento de la separación de poderes": “Nada de la retórica del PP y de Vox es útil”.
El semanario también considera que la figura de Félix Bolaños, al que tilda de “una especie de intermediario para Sánchez”, haya sido nombrado “ministro de Justicia, así como ministro de la Presidencia -la mano derecha de Sánchez- y ministro de Relaciones con las Cortes”, es "símbolo" de la “erosión y la separación de poderes”.
