Toda la oposición anuncia el voto en contra de los ajustes en educación

Todos los grupos de la oposición del Congreso se han manifestado hoy en contra del real decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto educativo, que sí apoyará el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Baja. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha pedido hoy al pleno la convalidación de la norma, cuya aplicación permitirá a las comunidades autónomas ahorrar 3.000 millones, según calcula el Gobierno, para ayudar a cumplir con el 1,5 por ciento de su PIB como déficit obligatorio de este año.

Sin embargo, el portavoz socialista, Mario Bedera, ha interpretado que se trata de la "mayor agresión" a la educación pública de la democracia, pues no es para mejorarla, sino para "recortar recursos humanos y materiales y derechos en educación".Ha acusado a Wert de ser el "azote" de la educación, con "tachas y sospechas" sobre profesorado y alumnos, de estar "recortando a razón de mil millones de euros por mes" y de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le haya "robado la cartera".

"Ésta es una mañana aciaga para el Estado de bienestar", ha insistido en alusión, también, al decreto sobre ahorro sanitario que también debatirá el Congreso. Ha dicho Bedera que no puede convalidarse porque invade competencias autonómicas en cuanto a las horas lectivas del profesorado y el plazo para comenzar las suplencias por baja de docentes titulares.

40.000 PROFESORES DESPEDIDOS

Ha asegurado que el Gobierno lo ha aprobado "sin voluntad de diálogo", con "improvisación o precipitación" y con una política de "hechos consumados", así que ha pedido la tramitación como proyecto legislativo.

Las medidas tienen un "fortísimo contenido ideológico", según Bedera, que se reflejará en el "desmantelamiento del sistema público a largo plazo".Ha calculado en 40.000 los despidos de profesorado y augurado un golpe "muy duro" a los institutos rurales y al bachillerato de Artes por eliminarse la obligación de estos centros de que ofrezcan al menos dos de las modalidades de esta etapa educativa.

Ha dicho que la educación necesita "pincel y bisturí", no "hacha y brocha gorda", además de ofrecer diálogo. "Si no endereza el rumbo -ha dicho Bedera al ministro- va a ser el único responsable de la conflictividad que se pueda originar".

El diputado de CiU Martí Barberá ha rechazado que se culpe a las comunidades del déficit, ha señalado que se "abusa" del decreto-ley y ha aludido a que se interfieren competencias.

Cándida García Álvarez, de la Izquierda Plural, ha dicho que es día de "luto ciudadano" porque es una "declaración de guerra" a la educación pública con medidas "arbitrarias" y un "retroceso sin precedentes"."La respuesta estará en la calle -ha advertido- y nosotros estaremos con la gente de la calle".

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha llamado "estrambótico" que en el decreto se introduzca una disposición sobre la ley de sociedades. Ha señalado que "abaratar" costes en sí mismo no es malo, pero en este caso "se elude el debate".Lo malo es, ha continuado, el "cambio subrepticio" del modelo universitario al introducir dos tipos de profesorado: el más joven, ha indicado, dedicado a la docencia y el más veterano, a la investigación.

Por el PNV, Arantza Tapias ha interpretado que se pretende la "recentralización y el recorte" unilateral por el Gobierno, "sin ningún acuerdo" y "desprecio" a la Cámara. "No vamos a tolerar este paso atrás" ni la limitación del autogobierno, ha enfatizado.

Dentro del Grupo Mixto, Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) ha opinado que es un "ajuste puro y duro" que tiene "poco de educativo y mucho de sumisión al coyunturalismo económico".

Francisco Jorquera (BNG) ha indicado que se quiere justificar el decreto con "manipulación del lenguaje" y "cinismo", pues es un "ataque en toda regla a la educación pública".

Joan Tardà, de ERC, ha pedido la dimisión de Wert por "traspasar las líneas rojas" y ha censurado que se quiera "garantizar el poco pastel para los hijos de los ricos, no de la portera".

Sandra Moneo (PP) ha considerado inaceptable que se diga que un incremento de alumnos y horas lectivas pueda poner en peligro el sistema: "No hay ningún ataque a la escuela pública, sino que el mayor ataque es el modelo socialista".