El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha entregado una sexta tanda de correos electrónicos al juez que instruye el caso Nóos para intentar implicar a la infanta en la causa, entre ellos algunos en los que el duque de Palma le pide opinión a su esposa sobre asuntos de negocios.
Los nuevos correos que ha entregado Torres al juez José Castro se organizan en dos grupos, el primero de los cuales hace referencia principalmente al exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, que prestó declaración por esta causa como testigo la semana pasada en Madrid; y el segundo a la infanta Cristina.
La defensa de Urdangarin pidió a principios de este mes la nulidad de los correos electrónicos aportados al magistrado por Torres y puso en día la autenticidad de los mensajes y, por tanto, su valor probatorio.
En uno de los últimos correos entregados, fechado en febrero de 2003, Urdangarin le envía a la infanta "una comunicación de Nóos" que tiene pensado remitir a clientes, colaboradores y amigos, y también a la empresa para la que trabajaba el duque de Palma entonces, Octagon. En abril de 2003 le envía un resumen de un artículo.
En otro correo, de julio de 2003, el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, le manda a Urdangarin un "informe de evaluación de riesgos que pueden afectar a eventos extraordinarios a celebrar en las Islas Baleares", donde Nóos organizó dos foros sobre turismo y deporte.
También figura otro correo de febrero de 2004 en el que Urdangarin le pide a García Revenga que le remita una copia de un documento a la infanta Cristina de su parte. En diciembre de ese año, le envían al secretario de las infantas los currículum de Torres y Urdangarin, y posteriormente le hacen varias consultas sobre eventos previstos.
En el otro grupo de correos hay varias referencias al exconseller valenciano González Pons, que la semana pasada testificó ante el juez Castro en relación a un convenio por el que Nóos cobró 382.203 euros de la Generalitat para organizar en Valencia los Juegos Europeos 2006, que no llegaron a celebrarse.
En uno de los mensajes, el empresario Miguel Zorío explica al director del proyecto de los Juegos Europeos, Antonio Ballabriga, que el gasto lo autorizó el vicepresidente valenciano, Víctor Campos, y la organización "dependerá directamente del conseller portavoz, Esteban González Pons".En otro correo le informa de una reunión con Campos y González Pons en el despacho del vicepresidente.
EL DUQUE RECURRE LA FIANZA
La defensa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, alega, en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares contra la fianza de 8,2 millones de euros impuesta sobre él y su exsocio Diego Torres, que la gestión económica del Instituto Nóos "descansaba exclusivamente" sobre éste último, a pesar de lo cual "se pretende" que el marido de la Infanta Cristina "peche económicamente" con los fondos percibidos por la entidad desde las Administraciones públicas.
En su recurso de apelación, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, reclama que se revoque la imposición de la caución al recriminar que su patrocinado tenga que hacer a la misma en base a la totalidad de los importes cobrados por Nóos entre 2004 y 2006, cuando esta materia era competencia únicamente de su exsocio, exvicepresidente y exgerente de la entidad, así como de los excontables de la entidad.
El letrado califica asimismo de "desproporcionada" la cantidad fijada y lamenta la "falta de motivación" a la hora de decretar la fianza, lo que, a su juicio, "no parece razonable cuando se trata de cantidades tan elevadas como las aquí exigidas y que genera, junto a la falta de proporcionalidad y la falta de existencia de los presupuestos de la medida, indefensión para mi defendido".
En el anterior recurso que presentó el Duque, su abogado denunciaba ya haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse al fianza, pronunciándose de este modo "a los efectos de que (el derecho supuestamente quebrantado) pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
Es más, la defensa del encausado consideraba que su patrocinado se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" e insistía "en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos".
